La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur advirtieron que las recientes anulaciones judiciales en los procesos por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en 2019, ponen en riesgo el acceso a la justicia, favorecen la impunidad y constituyen una revictimización para quienes perdieron a familiares o resultaron heridos en los operativos militares y policiales.
Según los organismos, estas decisiones representan un grave retroceso en la búsqueda de justicia y constituyen un riesgo de impunidad que vulnera el derecho de las víctimas y sus familiares a obtener una reparación integral.
Antecedentes de los casos
- El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, un operativo conjunto de Policía y Fuerzas Armadas dejó 11 muertos y más de 120 heridos.
- Tres días después, el 19 de noviembre de 2019, en Senkata, 10 personas fallecieron y decenas resultaron heridas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
- Los hechos fueron documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y por ONU Derechos Humanos, que confirmaron el uso desproporcionado de la fuerza y recomendaron investigaciones prontas, imparciales y efectivas.
Estos informes destacaron la importancia de garantizar justicia, verdad y reparación, señalando que la impunidad podría debilitar la credibilidad del sistema judicial boliviano.
Riesgo de impunidad y retroceso
El comunicado de CIDH y ONU señala que la anulación de expedientes en tribunales de El Alto y Sacaba abre la puerta a un escenario de revictimización.
Los organismos recuerdan que el Estado boliviano tiene la obligación internacional de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones de derechos humanos. La falta de avances judiciales no solo prolonga el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones.
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La anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada.
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Subraya que el Estado debe investigar, sancionar y reparar a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos.
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El GIEI Bolivia indicó en su informe que es “fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz”, señala parte del comunicado.
Recomendaciones internacionales
El GIEI-Bolivia ya había instado a crear condiciones adecuadas para que el sistema de justicia actuara con independencia y credibilidad. ONU Derechos Humanos también recomendó en 2020 investigaciones imparciales y exhaustivas, además de una reparación integral para los afectados.
Sin embargo, los avances han sido limitados. Las asociaciones de víctimas reclaman que las medidas de reparación ofrecidas han resultado insuficientes y que aún no se ha establecido un mecanismo de justicia transicional sólido.
Ver también: Senkata y Sacaba: GIEI confirmó masacres y tortura en 2019
Lo que hace singular este comunicado es su carácter conjunto. Generalmente, la CIDH y ONU Derechos Humanos difunden sus observaciones por separado. Esta vez decidieron pronunciarse al unísono, un hecho poco frecuente que revela la gravedad de la situación. El mensaje coordinado busca reforzar la presión internacional para que el Estado boliviano garantice justicia y evite que las masacres de Senkata y Sacaba queden en la impunidad.
Consecuencias a futuro
De consolidarse estas anulaciones judiciales, Bolivia corre el riesgo de:
- Incumplir compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
- Perder confianza de la comunidad internacional en la independencia de su sistema judicial.
- Debilitar el acceso a financiamiento externo, condicionado al respeto de derechos humanos.
- Mantener abierta una herida en la memoria democrática del país.
La CIDH y ONU pidieron a las autoridades bolivianas adoptar medidas inmediatas para garantizar la verdad, justicia y reparación en los casos de Senkata y Sacaba.
El futuro de los procesos por las masacres de 2019 será una prueba decisiva para la democracia boliviana. Si la impunidad se impone, no solo quedará una herida abierta en las víctimas y sus familias, sino también en la credibilidad del Estado y en la confianza internacional hacia su sistema de justicia.
