La Defensoría del Pueblo expresó este miércoles su preocupación por los recientes conflictos en al menos seis recintos penitenciarios del país debido al impago de prediarios durante cinco meses y exigió al Gobierno central y a las gobernaciones garantizar el pago inmediato para no vulnerar los derechos de las personas privadas de libertad.
“En su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la Defensoría del Pueblo viene realizando gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Gobierno y las Gobernaciones, con el fin de efectivizar el pago de estos compromisos”, señala la institución a través de un pronunciamiento.
El martes, los reclusos del penal de San Pedro de La Paz se amotinaron exigiendo la revisión de su detención preventiva y el desembolso del prediario asignado para los privados de libertad. Una protesta similar se registró en días pasados en el Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví (Beni), donde los internos reclamaron por el pago de las raciones de comida.
Lea más: Reos de San Pedro se amotinan por libertad y prediario
Asimismo, la institución indicó que se constató que algunos departamentos, como Tarija, cumplen estos pagos, mientras que en otros existen retrasos con justificaciones diversas.
Detalló que, en el caso de Cochabamba, la Gobernación argumentó el impago de prediarios debido a recortes en el presupuesto de seguridad ciudadana por parte del Gobierno y a la falta de conciliación de cuentas. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que ya efectuó los depósitos correspondientes.
La Defensoría observó la necesidad urgente de que el Gobierno y las Gobernaciones concilien sus cuentas y encuentren soluciones inmediatas que garanticen el acceso a los prediarios.
Asimismo, subrayó la importancia de trabajar en una solución estructural y de largo plazo, orientada a convertir los centros penitenciarios en cárceles productivas, que permitan la autosostenibilidad mediante el trabajo de las personas privadas de libertad.
“La Defensoría del Pueblo reitera su preocupación y demanda que se garantice, a nivel nacional, el pago oportuno y sin contratiempos de los prediarios. Su incumplimiento constituye una grave vulneración de los derechos a la alimentación, la salud y la vida digna de las personas privadas de libertad, conforme lo establece el Decreto Supremo N° 1854”, indicó.
