El expresidente de facto Luis García Meza, quien gobernó Bolivia tras el golpe militar del 17 de julio de 1980, fue protagonista del primer juicio de responsabilidades de la historia nacional, un proceso “histórico” para la democracia del país.
Así lo describió el abogado y exalcalde de La Paz Juan del Granado, que impulsó dicho proceso.
“Se trata de un juicio que abarcó ocho grupos de delitos, desde delitos contra la Constitución, como el alzamiento armado, el golpe de Estado, hasta delitos contra la economía del Estado”, explicó Del Granado a La Razón.
En total —recordó— fueron más de 50 tipos penales los que se presentaron contra el dictador.
Juicio de responsabilidades
El proceso judicial se llevó adelante en la otrora Corte Suprema de Justicia. Eso, debido a que, en criterio de Del Granado, la justicia ordinaria carecía de la fortaleza necesaria para enfrentar a un exmandatario respaldado por sectores militares. “Imagínate un juez instructor frente a 50 paramilitares a la cabeza de García Meza. Seguramente, ese juicio no hubiera prosperado”, recordó.
Aunque García Meza no fue presidente constitucional, el hecho de haber ejercido poder desde el Estado justificó el uso del juicio de responsabilidades. “No es un juicio de privilegio. Es un mecanismo jurisdiccional donde se trata de equilibrar el poder político del gobernante con la administración de justicia”, subrayó Del Granado.
El dictador fue acusado, entre otros delitos, por su responsabilidad en las masacres de Harrington, Senkata y otros crímenes políticos, así como por graves hechos de corrupción. Durante gran parte del juicio estuvo protegido y solo arraigado en Sucre, sin cumplir detención previa.
Finalmente, tras un proceso histórico impulsado por las familias de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, García Meza fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Cumplió su sentencia desde 1995 en la cárcel de Chonchocoro, después de ser extraditado desde Brasil. Falleció en abril de 2018.
