La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició la Sexta Ronda de Evaluación a Bolivia para verificar los avances en la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
La visita in situ virtual es realizada por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención (MESICIC), en el marco de la Ley 1743 que ratificó este instrumento internacional.
“Esta evaluación constituye un paso fundamental en el proceso de fortalecimiento del sistema nacional de integridad, que refleja el compromiso del Estado boliviano con la transparencia y la lucha contra la corrupción”, destacó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
La autoridad reiteró la disposición del Gobierno para facilitar toda la información requerida por los evaluadores internacionales.
En este caso, la evaluación se centra específicamente en el análisis del Artículo 16 de la Convención sobre secreto bancario, el seguimiento de recomendaciones de la Tercera Ronda, la prevención del soborno a funcionarios públicos y extranjeros, así como la tipificación del soborno transnacional, enriquecimiento ilícito y mecanismos de extradición.
OEA
«El MESICIC focaliza su atención en apoyar a los países para que puedan contar con marcos jurídicos más robustos que permitan instituciones públicas más sólidas para prevenir la corrupción», explicó Magaly McLean, representante del Departamento de Cooperación Jurídica de la OEA.
Además, la primera jornada contó con la participación de más de quince instituciones públicas bolivianas, incluyendo al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y la Cancillería.
También estuvieron presentes representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y organizaciones de la sociedad civil.
Los evaluadores internacionales de El Salvador y México analizarán durante esta semana documentos normativos, sentencias judiciales y casos concretos que demuestren la aplicación efectiva de la convención. Este proceso permitirá identificar avances y desafíos pendientes en la materia, generando recomendaciones específicas para el país.
Según las autoridades, los resultados finales se conocerán en el próximo periodo de sesiones de la OEA, donde se emitirá un informe detallado con observaciones y recomendaciones para el país.
