El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé respaldó este martes el pedido del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y afirmó que los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deben abandonar sus cargos, ya que persiste una situación de usurpación de funciones.
“¡Deben irse! Su mandato era improrrogable, mutilaron las elecciones judiciales y su ‘declaración’ de autoprórroga es inconstitucional. El TCP debe y puede funcionar sólo con titulares electos”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.
La declaración de Rodríguez Veltzé responde a la postura expresada por el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, quien ratificó que los magistrados prorrogados continuarán en sus funciones hasta que se elijan nuevas autoridades mediante votación popular.
El lunes, Saucedo fue enfático al afirmar que una de las instituciones que más daño ha causado al país y a la democracia es precisamente el TCP, “a través de los magistrados autoprorrogados”.
“No se puede permitir que un puñado de personas destruyan la institucionalidad”, señaló, y recordó que la Asamblea Legislativa ya aprobó en el Senado un proyecto de ley para cesar el mandato de los magistrados, quedando pendiente su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El titular del TSJ planteó dos salidas: “o renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad ni legitimidad, o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”.
La postura del presidente del TSJ fue respaldada por el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y el titular del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, quienes también exigieron a la Asamblea acelerar el tratamiento del proyecto de ley que dispone el cese de funciones de los magistrados prorrogados.
Rodríguez Veltzé, por su parte, también cuestionó el silencio de otras autoridades como del Fiscal general, la Contraloría y el Procurador General del Estado.
En tanto, Hurtado reiteró que la sucesión en ese órgano debe darse conforme a lo establecido por la Constitución, y que la responsabilidad de la preselección de candidatos recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa.
La tarde de este martes se conoció que el presidente del TSJ presentó una denuncia penal por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución contra cinco magistrados “autoprorrogados”, ante el Ministerio Público de Sucre.
