La Defensoría del Pueblo exhortó al Estado boliviano a asumir de manera urgente una reforma estructural penitenciaria, orientada a garantizar la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social.
La institución recordó que “no basta con liberar personas, sino con liberar al sistema penitenciario de la ineficiencia, el abandono y la vulneración de derechos que lo caracterizan desde hace décadas”.
La Defensoría expresó su preocupación por la persistente crisis estructural del sistema penitenciario boliviano, marcada por el hacinamiento extremo, el abuso de la detención preventiva por parte de los operadores de justicia y la vulneración constante de derechos humanos, tanto civiles como económicos, sociales y culturales de la población privada de libertad.
Indicó que la reciente entrada en vigencia del decreto presidencial que dispone el indulto para personas con sentencia ejecutoriada, si bien representa una medida de alivio temporal, no constituye una solución estructural a la crisis penitenciaria.
Según la Defensoría, el indulto no aborda las causas profundas del hacinamiento ni las condiciones inhumanas en los recintos carcelarios, donde persisten graves deficiencias de infraestructura, atención en salud, acceso a agua potable, educación y programas de reinserción social.
“La situación es aún más preocupante para mujeres y para los niños y niñas que conviven con sus madres privadas de libertad, en abierta contradicción con el principio del interés superior del niño y con los estándares internacionales de derechos humanos”, advirtió la institución.
Recordó que el decreto presidencial beneficiará aproximadamente a 5.000 personas privadas de libertad, es decir, solo al 15% del total de la población penitenciaria. No obstante, al excluir la figura de la amnistía, la norma no incide sobre el 55,06% de los reclusos que se encuentran en detención preventiva.
“Este grupo, mayoritario en los recintos penitenciarios, continúa siendo el más afectado por el hacinamiento y las condiciones inhumanas que imperan en los establecimientos penitenciarios del país”, remarcó la Defensoría.
Asimismo, observó que la nueva medida repite las limitaciones del decreto presidencial de marzo de 2024, que preveía tanto amnistía como indulto por razones humanitarias. Señaló que hasta el 30 de junio de este año, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), encargado de la amnistía, no había emitido ninguna resolución, mientras que la Dirección General de Régimen Penitenciario, responsable de los informes de indulto, solo emitió siete resoluciones hasta el 18 de agosto.
En la práctica, después de casi siete meses de vigencia del decreto y con solo cinco meses restantes para su culminación, una sola persona fue beneficiada con el indulto.
La Defensoría recordó que en septiembre de este año emitió una Alerta Temprana sobre la Situación de Cárceles, en la que advirtió el escaso alcance del decreto y exhortó a garantizar la gratuidad de los trámites para acceder al beneficio. “Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta institucional”, dijo.
“Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, impulsa la elaboración de un nuevo Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto extraordinario y por única vez durante la gestión 2025, con el propósito de enfrentar el elevado índice de hacinamiento en los centros penitenciarios’”, mencionó.
