El Consejo de la Magistratura, a través de la Unidad Nacional de Control y Fiscalización, informó que, tras una inspección técnica y documental al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N° 7 de La Paz, se detectaron múltiples irregularidades administrativas y procesales que podrían derivar en responsabilidades disciplinarias.
“La comisión constató que el juzgado no cuenta con el libro de audiencias y que las tablillas de señalamiento se encuentran desordenadas, dificultando el control de las actuaciones judiciales”, señala la Magistratura a través de una nota de prensa.
Durante la revisión aleatoria de expedientes, se evidenció la existencia de un acta de audiencia pública en la cual se dispuso un cuarto intermedio con nueva fecha programada; sin embargo, no se encontró el acta correspondiente a dicha reanudación, lo que refleja una falta de registro formal de actuaciones.
Asimismo, se detectó la existencia de piezas procesales con fechas anteriores que no están anexadas al expediente ni foliadas, además de la remisión fuera de plazo de tres acciones de libertad, en incumplimiento de los términos establecidos por el Código Procesal Constitucional.
En la revisión documental, el equipo de fiscalización identificó también 14 resoluciones ausentes en la carpeta del Libro de Tomas de Razón. Además, el Libro Diario presenta registros incompletos desde el mes de junio y el propio Libro de Tomas de Razón carece del acta de apertura correspondiente a la gestión 2025, vulnerando los principios de orden, control y transparencia judicial.
La comisión verificó, asimismo, que el archivo del juzgado no se maneja de manera adecuada, encontrándose los expedientes en total desorden, sin clasificación ni resguardo documental apropiado.
“La Unidad Nacional de Control y Fiscalización procederá a documentar y remitir los hallazgos a las instancias competentes del Consejo de la Magistratura, con el fin de evaluar la gravedad de las irregularidades detectadas y establecer las responsabilidades correspondientes, conforme a la normativa disciplinaria vigente”, indicó.
El Consejo de la Magistratura reafirmó que este tipo de acciones forman parte de su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la lucha contra la corrupción judicial, promoviendo una administración de justicia eficiente, responsable y al servicio del pueblo boliviano.
