El Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial concluyó con una batería de propuestas estructurales destinadas a encaminar una transformación profunda del sistema de justicia boliviana.
Entre las conclusiones más relevantes figuran la modificación de la Constitución Política del Estado, la asignación del 5% del Tesoro General de la Nación (TGN) al Órgano Judicial y la unificación de los sistemas digitales de administración de justicia.
Las propuestas apuntan a un rediseño institucional que incluye reformas normativas, un incremento sustancial del presupuesto y la reconfiguración del modelo judicial vigente.
El encuentro reunió a autoridades de los cuatro órganos del Estado, magistrados, jueces, fiscales, organizaciones sociales, colegios de abogados y representantes universitarios, quienes trabajaron durante varias horas en cuatro mesas temáticas.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fue el encargado de leer las conclusiones de los cuatro ejes debatidos en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC) de Sucre: presupuesto, reforma normativa, carrera judicial y desarrollo tecnológico.
La mesa de Reforma Normativa planteó la necesidad de realizar modificaciones estructurales a la Constitución, considerando que ello permitirá avanzar hacia una independencia judicial real y un presupuesto adecuado a las necesidades del sistema. Aunque se reconoce que es un proceso de largo plazo, se considera indispensable emprenderlo.
Lea más: Paz: ‘La justicia no volverá a ser un instrumento político. Nunca más’
También se planteó la creación de un procedimiento agroambiental específico y la revisión de la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, con miras a una reforma parcial o total.
En materia laboral y social, se demandó la adecuación normativa para lograr procesos con mayor celeridad y especializados. Asimismo, se propuso una reforma integral del sistema penal que desemboque en un código único del sistema penal, además de la actualización del Código Civil, debido al desfase entre su contenido y la realidad social y tecnológica actual.
La mesa de Presupuesto planteó que el Órgano Judicial reciba al menos el 5% del TGN, monto que debería ser garantizado mediante una ley. Saucedo informó que se presentó una propuesta de proyecto normativo trabajada durante la mesa.
Se pidió también destinar un presupuesto adicional para el funcionamiento de la justicia indígena originaria campesina, señalando que existe una deuda histórica en cuanto a la provisión de condiciones materiales para su ejercicio jurisdiccional.
Además, se sugirió incorporar normas ISO y estándares de calidad para certificar la administración de justicia.
En materia tecnológica, en la mesa Modernización y desarrollo tecnológico se propuso la creación de una unidad nacional especializada de justicia digital y la unificación de más de 50 sistemas informáticos actualmente dispersos, los cuales obstaculizan el trabajo de los operadores de justicia.
La meta es contar con un solo sistema que integre funciones como el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap), verificación de detenidos preventivos e ingreso de causas.
Se planteó también la interoperabilidad de información entre las instituciones del Estado, la implementación de documentos digitales con validez jurídica, y la modernización tecnológica de la jurisdicción indígena, incluyendo infraestructura digital e inteligencia artificial analítica.
En la mesa de Carrera Judicial se planteó la creación de una ley de carrera judicial vertical, que permita ascensos por mérito desde secretarios hasta magistrados, estableciendo una promoción natural basada exclusivamente en la meritocracia.
Se planteó regular mediante ley la evaluación del desempeño y la permanencia en el cargo, definiendo claramente quién evalúa, cómo, cuándo, qué se evalúa y cuáles son las consecuencias de dichas evaluaciones.
También se propuso fortalecer el sistema de capacitación mediante la Escuela de Jueces del Estado, otorgándole la potestad de certificar formación y valor curricular, además de establecer un escalafón judicial basado en antigüedad, méritos, capacitación y desempeño.
