La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí determinó este martes el cese inmediato de los cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La instancia constitucional ordenó también la suspensión de sus salarios y dispuso una custodia inmediata para garantizar que abandonen sus oficinas.
“La Sala Constitucional Primera concede la tutela solicitada por Sandra Beatriz Aiza Soto y, en consecuencia, dispone de darse curso, en todo caso, a la cesación de la cancelación de los sueldos a los magistrados accionados”, señala la resolución judicial.
Asimismo, se instruyó que las autoridades accionadas dejen sus funciones en el TCP, con la intermediación del personal administrativo, además de la presencia de autoridades llamadas por ley para verificar el inventario de bienes bajo su resguardo, tal como fue señalado en la acción popular.
En cuanto a la reparación de daños, la instancia dispuso que se proceda conforme al procedimiento una vez realizados los trámites correspondientes.
La Sala Constitucional de Potosí instaló la audiencia para tratar la situación de los magistrados prorrogados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes extendieron su mandato mediante un Decreto Constitucional Plurinacional emitido el 11 de diciembre de 2023.
La acción popular que derivó en este fallo fue presentada por Sandra Beatriz Aiza Soto contra los prorrogados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navaja, Iván Lima Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas
Paralelamente, se conoció de otra acción popular resuelta en la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde se determinó la prohibición de ingreso de los cinco magistrados “autoprorrogados” a las instalaciones del TCP. La resolución exhorta a la Policía Boliviana a tomar conocimiento de la disposición y ejecutar su cumplimiento.
El vocal José Manuel Gutiérrez Velásquez informó que, al otorgarse la tutela de la acción popular, se determina de manera inmediata el cese de los magistrados, dejando sin efecto cualquier resolución emitida por estos a partir de la decisión adoptada.
La Sala Constitucional también exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Presidente del Estado a aprobar, con urgencia, el marco normativo que permita la posesión de los magistrados electos en 2024 y cubrir de manera oportuna las acefalías generadas.
Se conoció además que los magistrados prorrogados aprobaron el Auto Constitucional Plurinacional 0087/2025, en el que señalaban que su mandato concluiría diez días después de emitida esa resolución. Sin embargo, el fallo de Potosí ordenó su cese inmediato.
