Tras una denuncia por presunta manipulación informática y la existencia de un consorcio de jueces y abogados en Trinidad, Beni, la Fiscalía y agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) allanaron este jueves las oficinas del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Charles Mejía.
Durante la intervención, se secuestraron documentos y un celular para recabar información relacionada con la investigación.
“Se cumplió con los requerimientos fiscales del registro del lugar de los hechos, de acuerdo con la investigación. Además del registro del lugar, se hizo una requisa de la documentación y se tomaron muestras fotográficas en presencia del presidente del TDJ”, señaló el fiscal Marcelo Flores a Radio Fides.
Flores agregó que la investigación se inició en Sucre y no en la jurisdicción de Trinidad, Beni.
Por su parte, Mejía denunció que el presidente del TSJ, Romer Saucedo, envió a un funcionario de esa máxima instancia a su domicilio y aseguró que “extrañamente hay una denuncia por supuesta manipulación informática de una causa que ni siquiera está en mi juzgado”.
La decana del TSJ, Rosmery Ruiz, informó que presentó una denuncia penal por presunta manipulación informática y la existencia de un consorcio de jueces y abogados, en relación con el sorteo de causas que habrían favorecido a los magistrados cesados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La denuncia está vinculada a la acción de libertad presentada por los magistrados con el objetivo de dejar sin efecto los mandamientos de aprehensión emitidos en su contra en Beni.
El miércoles, los exmagistrados presentaron esa acción ante la Sala Constitucional de turno del Tribunal Departamental del Beni, con el fin de anular las órdenes de aprehensión dictadas tras el cese inmediato de sus funciones, dispuesto el martes por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
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Paralelamente, el Juzgado Público Mixto Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Penal 1º de La Guardia (Santa Cruz) ordenó la aprehensión de los cinco exmagistrados, denunciados por haberse “autoprorrogado” en sus cargos.
Según Ruiz, en la tramitación de esa acción de libertad se registraron irregularidades que no se ajustan a la normativa vigente. Recordó que toda acción presentada ante un asiento jurisdiccional debe ser sorteada de manera aleatoria y derivada al juzgado correspondiente, conforme al sistema de sorteo establecido.
En este caso, la acción habría sido enviada directamente a un juzgado específico. “No está bien que se manipule un sistema para derivar las causas a criterio de quien pueda favorecer, a un juez amigo de uno de los accionados”, señaló.
