La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, informó este jueves que la máxima instancia judicial presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por presunta manipulación informática y la existencia de un consorcio de jueces y abogados, en relación con el sorteo de causas que habrían buscado favorecer a los magistrados cesados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Como decana en ejercicio de la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, he presentado una denuncia penal por la mala realización del sorteo de causas. Se ha violentado la seguridad jurídica en muchos casos y esperaremos que el Ministerio Público investigue de manera idónea, estableciendo si estos hechos, que a priori hemos denunciado, son verdaderos o no, y se actúe con la sanción que corresponda en derecho”, afirmó la autoridad judicial.
La denuncia está relacionada con la acción de libertad presentada por los magistrados cesados —denominados “autoprorrogados”— para dejar sin efecto los mandamientos de aprehensión emitidos en su contra en Beni.
El miércoles, los magistrados cesados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) presentaron una acción de libertad ante la Sala Constitucional de turno del Tribunal Departamental del Beni, con el fin de dejar sin efecto las órdenes de aprehensión dictadas en su contra.
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La demanda fue interpuesta en la ciudad de Trinidad por el abogado Alex Mejía, en representación de Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo e Isidora Jiménez Castro.
Tras conocerse el martes el cese inmediato de sus funciones dispuesto por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el Juzgado Público Mixto Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Penal 1º de La Guardia (Santa Cruz) ordenó la aprehensión de los cinco exmagistrados, denunciados por haberse “autoprorrogado” en sus cargos.
Según Ruiz, en la tramitación de esa acción de libertad se registraron irregularidades que no se enmarcan en la normativa vigente. Recordó que toda acción presentada ante un asiento jurisdiccional debe ser sorteada de manera aleatoria y derivada al juzgado que corresponda, conforme al sistema de sorteo.
Aseguró que, en este caso, la acción habría sido enviada directamente a un juzgado específico. “No está bien que se manipule un sistema para derivar las causas a criterio de quien pueda favorecer, a un juez amigo de uno de los accionados”, señaló.
Añadió que la denuncia se presentó por presunta manipulación informática y por la existencia de un consorcio de jueces y abogados que direccionaría fallos hacia determinadas salas o juzgados. “Se ha violentado la seguridad jurídica en muchos casos”, reiteró.
