El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, informó este viernes que se reunieron 133 pruebas en la investigación contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, por la presunta compra irregular de un predio de 2.807 hectáreas, denominado Adán y Eva en Santa Cruz.
“En la investigación, el Ministerio Público ha colectado 133 elementos de convicción para sustentar la imputación formal”, afirmó.
Torres señaló que la investigación se remonta al 11 de noviembre de 2021, fecha en la que el predio Adán y Eva —ubicado entre los municipios de La Guardia y Cabezas, en Santa Cruz— fue vendido por sus propietarios, Ricardo Moreno Velasco y Ana María Banegas, a Arce Mosqueira por un monto de $us 3.055.485.
En una primera instancia, según el avance del caso, se realizaron adelantos de pago por aproximadamente $us 280.000. Sin embargo, el fiscal explicó que el perfil económico del imputado “no era compatible” con una transacción de ese monto y que no se adecuaba a cifras tan elevadas para adquirir dicha propiedad.
El análisis fiscal estableció que, antes de 2016, Arce Mosqueira registraba ingresos mínimos, con depósitos de alrededor de Bs 1.000. Después de 2016, sus cuentas registraron movimientos de Bs 30.000, Bs 3.000.000 e incluso Bs 4.000.000, montos que ahora forman parte del estudio del Ministerio Público.
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La investigación también alcanza a Luis Roberto Flores Orellana, exdirector departamental de la ABT en Santa Cruz, acusado de uso indebido de influencias por presuntamente omitir trámites administrativos.
Según la Fiscalía, Flores habría subsanado y aprobado en tiempo récord los documentos para beneficiar al hijo del exmandatario, pese a que éste no presentó un Plan de Uso de Tierras (PLUS), requisito indispensable para autorizar actividades agrícolas o de desmonte.
“Debemos establecer que cada uno de los perfiles y los elementos de convicción colectados por parte del Ministerio Público han permitido consolidar la resolución de imputación formal”, añadió Torres.
El fiscal indicó que Arce Mosqueira fue imputado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, mientras que Flores enfrenta imputación por uso indebido de influencias. Además, al considerar los riesgos procesales, el Ministerio Público solicitó para ambos la detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro.
Torres confirmó que la resolución ya fue presentada ante la autoridad judicial, quien deberá señalar la audiencia de medidas cautelares para que la Fiscalía fundamente la probabilidad de autoría y los riesgos de fuga u obstaculización.
Sobre la situación migratoria, el fiscal informó que, según el último reporte del flujo migratorio, ambos investigados aún se encuentran en territorio boliviano.
