El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el expresidente Evo Morales debe responder ante la justicia por los procesos que enfrenta y advirtió que el Gobierno no negociará con personas que tengan cuentas pendientes.
“Evo Morales la tiene tan clara como nosotros. Tiene que dar cuentas a la justicia de actos en todo sentido. Y son, además, delitos ni siquiera de orden político. Seguramente también saldrán temas de corrupción y otras cosas”, señaló la autoridad en entrevista con Cabildeo Digital.
Lupo recordó que Morales ya tiene procesos en la justicia ordinaria y que, por tanto, debe someterse a ellos. Recalcó que el Gobierno no está en “ánimo” de negociar y “no se debe negociar con nadie que tenga cuentas con la justicia”.
Añadió que “no es ese nuestro objetivo y no es esa nuestra conducta”.
Respecto a la posibilidad de un diálogo político con el exmandatario —quien pidió reunirse con el presidente Rodrigo Paz—, Lupo indicó que la postura del Gobierno se rige estrictamente por la legalidad.
“El presidente ha dicho: ‘Yo lo recibo, pero que venga a La Paz’. Y todos sabemos que no va a venir porque tiene cuentas con la justicia. Si sale del Chapare, va a tener que enfrentarlas”, sostuvo.
Sobre la “paz social” que Morales planteó como condición ante un eventual retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA), Lupo enfatizó que este no es un punto susceptible de negociación. “La paz social es un derecho de todos los bolivianos. Quien la amenaza debe asumir su responsabilidad ante la justicia”, remarcó.
El ministro afirmó también que el Gobierno encarará la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado con responsabilidad institucional, sin condicionamientos ni concesiones a actores que vulneren la ley.
Consultado sobre el retorno de la DEA, explicó que no existe una fecha prevista y que el tema está en manos del ministro del área, quien definirá la estructura operativa para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Añadió que la presencia de la agencia antidrogas estadounidense no es una condición política, sino un mecanismo de cooperación, al igual que ocurre con la Policía Federal de Brasil o la Policía de Chile.
“Estamos en una región donde Bolivia está amenazada por el crimen organizado y, sobre todo, por el narcotráfico. No solo somos productores de hoja de coca, sino que nos hemos convertido en un país de tránsito para el tráfico de droga”, señaló.
Lupo remarcó que ve a la DEA, al igual que a otras agencias internacionales, como un actor de cooperación en una lucha global contra el crimen organizado, en la que Bolivia, por su ubicación geográfica y su situación institucional, “es probablemente el vértice más frágil”.
