El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madruga de este martes la Ley Transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que regula de forma excepcional y temporal las etapas, requisitos, procedimientos y plazos para la designación de las nuevas autoridades electorales, con modificaciones.
La propuesta legislativa fue remitida a la Cámara de Senadores para su tratamiento, debido a que se hicieron modificaciones. La norma consta de 41 artículos y 5 disposiciones finales, que buscan garantizar un proceso transparente en el marco de la Constitución.
El Senado tiene previsto sesionar a las 09.00 de este martes y aprobar la norma, ante los ajustados tiempos con los que se cuenta, debido a que el 19 de diciembre fenece el mandato de las actuales autoridades.
“Fue una sesión maratónica, dos sesiones, primero de la Asamblea y después el de la Cámara de Diputados, (…) y la ley ha sido aprobada para que la Cámara de Senadores pase a su ratificación en esta misma mañana, dentro de unas horas”, expresó el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro.
Antes de la aprobación en el pleno de Diputados, la Comisión de Constitución reinstaló su sesión en la que aprobó en grande y en detalle esta propuesta.
En tanto, la primera vicepresidenta de Diputados, Daniela Cabrera (Unidad), ponderó que, además de la ley, se aprobó una resolución que reglamenta la elección de los nuevos vocales electorales.
“Algo muy importante que también se aprobó es el hecho de que, en dos años, se va a tener un padrón electoral saneado, un padrón nuevo, que es lo que la población ha solicitado”, afirmó la legisladora.
Durante el análisis, se introdujeron ajustes sustanciales, como la eliminación de diferencias entre la veeduría nacional y la internacional, otorgando un tratamiento igualitario a ambas y fortaleciendo los mecanismos de control social.
Otra modificación destacada fue la reducción del plazo de la fase de selección, de 45 a 15 días, con el objetivo de otorgar mayor celeridad y certidumbre al proceso. También se amplió el sistema de evaluación al incorporar la probidad como criterio fundamental, junto con la formación académica y la experiencia profesional.
Por razones de tiempo, el examen oral fue sustituido por una prueba escrita, manteniendo la objetividad y estandarización de la evaluación.
Asimismo, la norma establece que todo el proceso estará regido por principios de igualdad de oportunidades, paridad de género, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, objetividad y legalidad.
Asimismo, incorpora la independencia institucional, la transparencia y la plurinacionalidad, asegurando la participación de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y población afroboliviana en condiciones de igualdad.
