El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó este miércoles que no permitirá que la administración de justicia sea usada con fines políticos y advirtió que no habrá tolerancia frente a hechos de corrupción, ya sea de autoridades de gestiones pasadas o del actual gobierno.
Las declaraciones de Saucedo surgen tras la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, quien es investigado por hechos de corrupción en el Fondo Indígena, y sobre quien pese al menos cinco delitos penales.
“Se garantiza que la justicia es independiente y que no responde a intereses de políticos ni a intereses de derecha o de izquierda. La justicia no será instrumentalizada nuevamente. No seremos tolerantes ante hechos de corrupción de anteriores gobiernos o del actual gobierno”, advirtió Saucedo.
Reiteró su pedido a la clase política a dejar trabajar al sistema de justicia y que se siga su curso las investigaciones y que no intenten ejercer ningún tipo de injerencia u obsesiones con intereses netamente políticos.
Respecto del proceso penal abierto contra el expresidente Arce por hechos ocurridos durante su gestión como ministro de Economía, el titular del TSJ explicó que el Ministerio Público actuó dentro de sus competencias, conforme establece el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
Aclaró también que la imputación contra Arce corresponde a un proceso ordinario, ya que la denuncia se relaciona con funciones desempeñadas antes de asumir la Presidencia del Estado.
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“En Bolivia, la justicia no reconoce fueros ni privilegios. Es por ello que en su condición de exministro de Economía obedece a este proceso ordinario. El juez que conozca el día de mañana la audiencia de aplicación de medidas cautelares tendrá que actuar con la independencia que tanto hemos venido promoviendo durante este tiempo”, recomendó.
Asimismo, el TSJ garantizó el derecho a la defensa y el respeto al debido proceso para todos los involucrados. La audiencia de aplicación de medidas cautelares fue señalada para este jueves a las 13:00, dentro de los plazos legales.
La autoridad señaló que será el juez, con independencia e imparcialidad, quien determine la situación jurídica del exmandatario en base a los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
Consultado sobre posibles riesgos de fuga u observaciones al tiempo que tomó la investigación, el máximo representante del TSJ indicó que no puede anticipar criterios y que todas las objeciones deberán ser tratadas durante la audiencia.
Respecto a críticas sobre presuntas presiones o persecuciones judiciales, el TSJ reiteró que cualquier orden de aprehensión debe ejecutarse sin excepción. “La justicia no reconoce fueros. Las órdenes emitidas deben cumplirse para todos los ciudadanos”, remarcó.
