El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Juan Carlos Irahola, informó que se presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5503, al considerar que vulnera varios artículos de la Constitución.
“Hemos presentado ante el Tribunal Constitucional, en ventanilla, para que se trate el recurso, se nos convoque a las audiencias correspondientes y se deje sin efecto el decreto. Esencialmente pedimos que se declaren nulas todas las contradicciones que van en contra de la Constitución”, señaló.
El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5503, compuesto por 121 artículos, entre los cuales se establece la eliminación de la subvención a los combustibles y la fijación de nuevos precios.
La medida provocó la movilización de la Central Obrera Boliviana (COB), mineros y otras organizaciones sociales, que se manifestaron en rechazo a la norma.
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El asambleísta indicó que ahora esperan las notificaciones para cumplir con los procedimientos constitucionales y que, posteriormente, deberá fijarse una audiencia, tal como establece la normativa vigente para cualquier ciudadano.
Irahola sostuvo que el decreto atenta principalmente contra la atribución de fiscalización y autorización de créditos externos por parte del Estado con organismos internacionales, así como contra disposiciones normativas vinculadas al régimen impositivo.
Asimismo, cuestionó que el congelamiento del precio de los combustibles establecido en el Decreto Supremo 5503 sea solo por seis meses. “Luego de ese plazo se desregula y nuevamente pasamos a ser parte de empresas monopólicas”, advirtió.
También afirmó que la norma vulnera la soberanía alimentaria, ya que la liberación de productos como maíz, soya, sorgo y otros dará prioridad a la exportación, generando desabastecimiento en el mercado interno.
En el ámbito industrial, señaló que ya no se requerirán trámites ni autorizaciones, lo que permitiría la importación irrestricta de textiles y provocaría el cierre de empresas nacionales. “Gran parte de la industria quedará en la calle”, afirmó.
Irahola agregó que el decreto también afecta a los recursos naturales, como el litio, la minería y otros posibles yacimientos, debido a que ya no se necesitaría la autorización de la Asamblea Legislativa, sino que el Ejecutivo podría aprobarlos mediante un mecanismo “fast track” de hasta 30 días.
Además, advirtió que se estaría perdiendo la soberanía jurídica, ya que las empresas no se someterían a la jurisdicción nacional por delitos cometidos en el país, sino que los procesos se resolverían en el exterior.
También remarcó que todos estos aspectos contravienen la Constitución, recordando que el artículo 410 establece que ninguna ley ni decreto puede estar por encima de la Carta Magna.
“Se está rompiendo el ordenamiento jurídico, por lo tanto, el Tribunal Constitucional debe dar curso a esta acción y hacer prevalecer la supremacía de la Constitución”, aseveró.
