La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que acusa al Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira de cometer presuntas violaciones a los derechos humanos a partir de la aprobación del Decreto Supremo 5503.
En la carta dirigida al presidente de la CIDH, José Luis Caballero, el sindicato minero sostiene que la norma establece una declaratoria de emergencia excepcional sin un plazo definido, lo que, según su criterio, permite una aplicación indefinida que contraviene la legislación vigente y desconoce las atribuciones de la Asamblea Legislativa en materia de control y fiscalización.
El documento cuestiona, además, los artículos que autorizan al Banco Central de Bolivia a suscribir contratos financieros y de inversión con inversionistas extranjeros, incluidos acuerdos de “know how” y mecanismos denominados “fast track”. La FSTMB advierte que estos contratos no serían fiscalizados por la Asamblea Legislativa y eludirían procesos de control social y consulta previa a pueblos indígenas, particularmente en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, electricidad, agroindustria y transporte.
Decreto
Desde la organización minera se afirma que un decreto supremo no puede modificar la Constitución ni anular competencias del Órgano Legislativo, por lo que consideran que el DS 5503 vulnera derechos de los trabajadores y de las 36 naciones indígena originario campesinas.
En ese marco, reiteran su rechazo a la norma, decisión que —según señalan— fue ratificada en ampliados nacionales de organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB).
La FSTMB también denuncia hechos ocurridos durante las movilizaciones contra el decreto, como el uso de agentes químicos para dispersar protestas, allanamientos a sedes sindicales sin orden judicial, detenciones sin mandamiento legal, estigmatización de las protestas en medios oficiales y la supuesta vulneración del fuero sindical y del derecho a la protesta.
En la carta, el sindicato solicita a la CIDH que inste al Estado boliviano a garantizar los derechos y garantías constitucionales de los trabajadores movilizados, proteger el fuero sindical y evitar actos de discriminación y racismo.
Asimismo, adjunta una nómina de personas en huelga de hambre en la sede de la FSTMB y un listado de detenidos registrados a inicios de enero de 2026, como respaldo a su denuncia ante el organismo internacional.
De acuerdo con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, no hay ninguna persecución policial ni política y acusó a los dirigentes sindicales de desinformar a la población.
