La Federación de Asociaciones Municipales (FAM–Bolivia) demandó del Gobierno la restitución inmediata de los recursos municipales y se declaró en estado de emergencia por el impacto de la restricción presupuestaria en la gestión local.
El pronunciamiento fue dofundido la madrugada del miércoles y responde a la decisión del gobierno nacional de limitar el uso del 80% del saldo disponible de los presupuestos municipales vigentes.
Según el documento, la medida se aplica “de manera sorpresiva, injustificada y sin sustento técnico ni legal”, y es ejecutada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Restricción que afecta la gestión
La federación advierte que la restricción impacta de forma directa en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y condiciona la ejecución de recursos ya aprobados en el Presupuesto General del Estado.
El pronunciamiento señala que la medida “afecta de forma directa y severa el normal ejercicio de las competencias constitucionales y legales de los Gobiernos Autónomos Municipales”.
Esta situación compromete la prestación de servicios básicos, la ejecución de proyectos de inversión pública y el cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales.
Servicios e inversión en riesgo
El documento alerta que la restricción pone en riesgo la continuidad de programas sociales fundamentales para la población.
Advierte que se afecta la atención en áreas sensibles como salud, educación, infraestructura y desarrollo social, especialmente en municipios con menor capacidad financiera.
Además, la FAM señala que la medida impacta en la economía local, al paralizar la inversión pública municipal y reducir las oportunidades de empleo.
Impacto económico
El pronunciamiento sostiene que la restricción genera “incalculables perjuicios en la dinámica económica, social y productiva de los municipios del país”.
La medida paraliza la inversión pública local y afecta a proveedores, microempresas y actores económicos municipales.
Según la FAM, este escenario debilita la generación de empleo y produce efectos negativos en cadena sobre el comercio y la actividad económica local.
Respuestas insuficientes
Frente a la aplicación de la medida, el sistema asociativo municipal realiza representaciones institucionales ante el Gobierno y solicita una explicación formal.
Sin embargo, el documento señala que solo se reciben “respuestas verbales y generales y carentes de sustento normativo”.
La restricción es calificada como “temporal”, pero la FAM advierte que “no existe, hasta la fecha, un instrumento legal expreso que la respalde”.
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Defensa de las autonomías
El pronunciamiento sostiene que la restricción es contraria al régimen de autonomías consagrado en la Constitución Política del Estado.
La federación afirma que la medida vulnera los principios de autonomía política, administrativa, financiera y económica de los gobiernos municipales.
Además, remarca que los presupuestos municipales se encuentran plenamente vigentes y que “no existe causal legal que justifique una limitación unilateral a su ejecución”.
Estado de emergencia
Frente a este escenario, el Sistema Asociativo Municipal “se declara en estado de emergencia” por la grave afectación al funcionamiento regular de los gobiernos municipales.
La FAM exige al Gobierno, y en particular al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, “el levantamiento inmediato de las restricciones a la ejecución presupuestaria”.
El pronunciamiento demanda restablecer plenamente la disponibilidad y uso de los recursos municipales antes de que se produzcan “efectos económicos, sociales y administrativos irreversibles”, según el pronunciamiento.
