Legisladores de las alianzas Unidad, Libre y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) anunciaron que impulsarán el tratamiento de una ley antibloqueos en la Asamblea Legislativa. Consideraron que esta medida de presión genera graves perjuicios económicos y sociales al país.
El diputado Mauricio Taboada, de la alianza Unidad, sostuvo que los bloqueos afectan directamente a la población y restan competitividad a Bolivia en el escenario. Enfatizó la necesidad de garantizar el libre tránsito como un derecho fundamental.
“Vamos a trabajar en la ley de bloqueos porque eso nos quita recursos, nos quita viabilidad. Tenemos que devolverles a los bolivianos el tránsito libre”, dijo el legislador.
Taboada remarcó que los bloqueos reiterados solo provocan pérdidas económicas y afectan la vida cotidiana de la ciudadanía, por lo que consideró urgente establecer límites claros a este tipo de protestas.
Por su parte, la diputada Ana María Quiroga, de la alianza Libre, informó que ya existe un proyecto de ley presentado y pidió celeridad para su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
“Tenemos un diputado de Libre que ya presentó esa ley hace más de tres semanas y esperemos que se trabaje en eso”, señaló Quiroga y advirtió del impacto negativo de los bloqueos.
La legisladora añadió que, tras años de conflictos y cierres de caminos, la imagen del país se ve deteriorada ante la comunidad internacional y los propios ciudadanos.
Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la diputada Katherine Pinto respaldó la iniciativa, aunque aclaró que el derecho a la protesta está garantizado, siempre que no vulnere otros derechos.
“Donde empieza tu derecho, termina el mío. Los bloqueos no le traen nada bueno a los bolivianos”, señaló la parlamentaria.
Pinto sostuvo que la norma debe ser analizada con responsabilidad y complementarse con reglas claras sobre el uso de la fuerza, asignando un rol definido a la Policía y las Fuerzas Armadas.
La ley antibloqueos fue presentada por el diputado Carlos Alarcón, de Unidad, y propone tipificar los bloqueos como delito grave, con penas de entre 10 y 20 años de cárcel para quienes los promuevan, organicen o financien.
