El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó este martes que al menos ocho administradores de justicia sancionados por faltas gravísimas y por incumplimiento de la Constitución y la Ley 025 del Órgano Judicial no han podido ser destituidos debido a decisiones de Salas Constitucionales.
Spencer explicó que estas autoridades fueron suspendidas temporalmente; sin embargo, su destitución definitiva se encuentra “frenada” por acciones tutelares y medidas cautelares presentadas ante Salas Constitucionales, lo que mantiene a los jueces en un limbo procesal y fuera del ejercicio pleno de la función pública. Esta situación fue calificada por la autoridad como un “obstáculo institucional”.
“Las Salas Constitucionales no permiten cumplir con el objetivo de destituir a quienes no cumplieron con la ley. Necesitamos coordinar con el Tribunal Constitucional para superar este bloqueo y dar cumplimiento a lo que manda la Constitución”, afirmó.
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Frente a este escenario, el titular del Consejo de la Magistratura aseguró que no se detendrá la labor de control y anunció que, como resultado de las auditorías realizadas en los nueve departamentos del país, se iniciaron procesos penales contra algunos administradores de justicia investigados.
Asimismo, informó que se implementará un cronograma de intervenciones directas en los nueve departamentos para intensificar las tareas de control y fiscalización.
Spencer convocó también a la población a colaborar con el proceso de depuración judicial y exhortó a quienes hayan sido víctimas de mora procesal, retardación de justicia o vulneración de derechos por parte de alguna autoridad judicial a presentar sus denuncias.
