El jefe de bancada de Libre, diputado Rafael López, informó este jueves que la Comisión de Justicia Plural recibió un pedido de juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz; sin embargo, aclaró que este no será tratado debido a que no cumple con los procedimientos establecidos por norma.
“Hay una denuncia contra el presidente Rodrigo Paz por una supuesta privatización autoritaria de Bolivia y la venta de sus recursos naturales. Se pretende establecer una privatización por decreto de los hidrocarburos, el litio, el hierro y el Mutún”, señaló López en entrevista con radio Fides.
La denuncia fue presentada el 28 de diciembre por Rafael Chávez León, de la Federación Departamental Agraria de Productores y Comerciantes del Valle y el Altiplano de El Alto.
No obstante, el legislador explicó que la denuncia no siguió el procedimiento correspondiente, ya que, al tratarse del presidente del Estado, la normativa establece que debe existir previamente una acusación formal del Ministerio Público.
“No la vamos a tratar. Ellos deben presentar la denuncia ante el Fiscal General del Estado. Si el fiscal considera que existen indicios, recién remite a la Asamblea Legislativa una proposición acusatoria formal”, precisó.
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López detalló que, una vez recibida la proposición acusatoria, la Asamblea o la Cámara de Diputados debe aprobarla o rechazarla por dos tercios de voto. Solo en caso de aprobación, el caso pasa a la Comisión de Justicia Plural para la investigación correspondiente.
Asimismo, indicó que existe otra proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales que también fue rechazada por no cumplir el procedimiento y por la ausencia de una acusación del Fiscal General.
El diputado aclaró que en estos casos no se ingresó al fondo de las denuncias, sino que únicamente se dio lectura a los documentos como correspondencia legislativa.
“No se ha tocado el fondo del asunto ni se está tratando todavía. Simplemente se realizó la lectura, se hicieron las observaciones y se derivó el trámite”, afirmó.
De igual manera, explicó que existen otras denuncias contra los magistrados denominados “autoprorrogados” por distintos casos; sin embargo, recordó que, durante la anterior legislatura, el Comité del Ministerio Público de la Cámara Baja no dio curso a estos procesos y emitió resoluciones de rechazo.
“Eso significa que esos procesos no pueden ser reactivados y que fue responsabilidad de los anteriores parlamentarios”, sostuvo.
López señaló además que en la actual legislatura la mayoría de las denuncias contra estas exautoridades carecen de fundamentación y respaldo documental.
Indicó que en uno de los casos se respondió solicitando la complementación de la denuncia en un plazo de 20 días.
