El presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado, Nicanor Cochi, advirtió que la totalidad del cuerpo diplomático del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) continúa en funciones, debido a la falta de recursos para el pago de salarios y beneficios sociales.
El legislador explicó que el Estado mantiene una deuda con los embajadores y representantes diplomáticos por concepto de sueldos y vacaciones, lo que impide su remoción inmediata.
“Tienen una deuda que debe saldarse por salarios y vacaciones. No se puede cancelar aún esa deuda; el país recién se está estabilizando económicamente y tenemos previsto que en el mes de marzo se realice el nombramiento de los nuevos embajadores”, indicó a Fides.
Cochi señaló que, por el momento, se mantendrá a las actuales autoridades diplomáticas mientras se elabora un presupuesto que permita cubrir las deudas pendientes y, posteriormente, designar a nuevos representantes en los países donde Bolivia tiene misión diplomática.
Reiteró que no se realizó ningún cambio de embajadores, encargados de negocios ni representantes consulares, precisamente por la falta de presupuesto.
Por su parte, el canciller Fernando Aramayo señaló el martes, en entrevista con Bolivisión, que la situación en la Cancillería fue “compleja y abrumadora” al momento de asumir funciones.
“Hemos recibido una Cancillería con deudas, que no puede representar al país en distintos espacios multilaterales ni participar en conferencias donde se discuten temas globales”, afirmó.
Detalló que no se pagaron las cuotas de membresía a Naciones Unidas, sus agencias, la Comunidad Andina de Naciones y otros esquemas de integración regional.
Según Aramayo, las deudas acumuladas alcanzan aproximadamente los $us 39 millones y corresponden a varios años, y no de uno o dos.
Asimismo, informó que existe una deuda de $us 1,5 millones en salarios para embajadores y funcionarios del servicio exterior, además de obligaciones pendientes con personal y proveedores.
Agregó que los vehículos oficiales se encuentran en mal estado. “Tanto así que el primer gabinete después de la posesión, el vehículo se nos plantó en Obrajes”, relató.
Señaló también que se identificaron casos de certificados de dependientes con discapacidad que habrían sido utilizados para garantizar inamovilidad laboral tanto en el país como en el servicio exterior, con el objetivo de mantenerse en los cargos.
