La Representación Distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz impulsó el proceso penal que derivó en la detención preventiva del juez René Eduardo Foronda Escobar por 60 días en el Centro de Custodia de Patacamaya, mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de retardación de justicia.
El representante distrital de La Paz, Marco Cárdenas, expresó que con este caso se busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y la mora judicial, en respuesta a las múltiples denuncias de usuarios del sistema, quienes cuestionan la demora en la tramitación de procesos, la falta de celeridad y prácticas dilatorias.
Foronda, quien ejercía funciones en el Juzgado Décimo de Instrucción Penal de la ciudad de El Alto, fue imputado formalmente por la fiscal Lilian Katyuska Tirado. La investigación se inició a partir de la denuncia de Ximena Diana Nina Aguilar, quien acusó al juez de irregularidades en un proceso por violencia familiar.
Según el Ministerio Público, el juez habría anulado una imputación pese a que el incidente fue presentado fuera de plazo y, posteriormente, desconoció una apelación, generando demoras en el caso. Además, no habría notificado oportunamente una nueva imputación ni convocado a audiencias, lo que paralizó el proceso.
La Fiscalía sostiene que estas actuaciones fueron deliberadas y orientadas a favorecer a los imputados, configurando el presunto delito de retardo de justicia, previsto en el artículo 177 Bis del Código Penal.
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Durante la audiencia de medidas cautelares, el Consejo de la Magistratura fundamentó la existencia de suficientes elementos de convicción que apuntan a la probabilidad de autoría del imputado, así como riesgos procesales que justifican su detención preventiva.
Entre estos riesgos, se argumentó la posibilidad de fuga, debido a que el imputado no habría acreditado un arraigo familiar ni domicilio estable, además de contar con facilidades económicas que le permitirían salir del país con facilidad.
Asimismo, se advirtió riesgo de obstaculización de la investigación, ya que el juez, en ejercicio de su cargo, tendría acceso a documentación y expedientes que podrían ser modificados, ocultados o suprimidos, considerando que los hechos investigados se desarrollaron en su propio juzgado.
La Magistratura también señaló que el imputado habría incurrido en conductas dilatorias durante el proceso, incluyendo inasistencias a audiencias, presentación de incidentes y excusas, lo que contribuyó a la prolongación indebida del caso.
Además, se evidenció la existencia de antecedentes y otros procesos registrados en su contra por delitos similares, lo que refuerza la hipótesis de una conducta reiterada.
En función de estos elementos, la institución solicitó la detención preventiva del imputado, medida que fue finalmente dispuesta por la autoridad jurisdiccional, mientras se desarrollan actos investigativos pendientes, entre ellos inspecciones técnicas, reconstrucción de los hechos y toma de declaraciones testificales.
La Representación Distrital del Consejo de la Magistratura afirmó que seguirá impulsando acciones para asegurar la transparencia, la celeridad de los procesos y una adecuada administración de justicia.
