El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió más de 1.000 impugnaciones, entre apelaciones y recursos extraordinarios de revisión, vinculadas principalmente a la inhabilitación de candidaturas por incumplimiento de requisitos constitucionales y legales, en el marco de las elecciones subnacionales.
Asimismo, a través de su Dirección Jurídica, la institución atendió más de 20 acciones constitucionales. De ellas, cinco estuvieron relacionadas con candidaturas de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y sus respectivas alianzas electorales, debido a la pérdida de personalidad jurídica por no haber alcanzado el 3 % de votación en las elecciones generales.
En todos los casos, las decisiones jurisdiccionales del TSE fueron ratificadas por distintas salas constitucionales y jueces de garantía, consolidando así el principio de preclusión y el respeto a las competencias del Órgano Electoral.
Con la notificación efectuada este 2 de marzo a un candidato a la Gobernación de Tarija y a un candidato a la Alcaldía de Cochabamba, la Secretaría de Cámara del TSE informó que no existen notificaciones pendientes respecto a las causas ya resueltas.
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En relación con las tareas jurisdiccionales del TSE, se conocieron declaraciones de algunos candidatos, en su mayoría inhabilitados, sobre diversos aspectos, como una presunta falta de notificación de las resoluciones que determinaron su estado o insinuaciones respecto a una supuesta aplicación incorrecta de la norma.
Al respecto, corresponde precisar que el TSE ha desarrollado todas sus actuaciones en resguardo de los derechos políticos y ciudadanos, tanto de las personas elegibles como de los electores, asumiendo cada causa con absoluta responsabilidad y con el correspondiente análisis técnico y jurídico.
El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que “no existen privilegios de unos candidatos sobre otros” y que, si bien las decisiones ya fueron asumidas, la formalización y notificación de las resoluciones puede demorar horas o días debido a la alta carga jurisdiccional; sin embargo, estas se realizan dentro de los plazos que garanticen certidumbre sobre las candidaturas habilitadas para la jornada electoral del 22 de marzo de 2026.
En ese sentido, para atender el volumen y la complejidad de las causas, la Sala Plena habilitó días y horas extraordinarias de trabajo, revisó antecedentes, debatió criterios de interpretación y armonizó decisiones con precedentes jurisprudenciales, procurando alcanzar consensos antes de emitir cada resolución.
Asimismo, el TSE asumió la defensa institucional en las más de 20 acciones constitucionales interpuestas, respetando el derecho de las partes a recurrir a otras instancias de la justicia. No obstante, el Tribunal continuará desarrollando su labor de manera denodada y rigurosa, en estricto apego a la Constitución Política del Estado y a la normativa electoral vigente.
