El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que durante la presente gestión el Gobierno prevé intervenir al menos 10.000 hectáreas de cultivos de coca como parte de las tareas de racionalización y erradicación destinadas a controlar las plantaciones excedentarias y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
“De acuerdo con los datos del último monitoreo internacional de cultivos de coca, el país enfrenta el desafío de reducir el crecimiento del excedente, que actualmente supera los límites establecidos por la normativa vigente”, afirmó la autoridad, según reportó ABI.
Durante la inauguración de las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en distintas regiones del país, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que el crecimiento descontrolado de las plantaciones genera problemas para Bolivia y afecta su imagen internacional.
Indicó que históricamente el país tenía permitidas 12.000 hectáreas de cultivos de coca, cifra que posteriormente se amplió a 22.000 hectáreas; sin embargo, las mediciones actuales señalan que la superficie supera las 40.000 hectáreas.
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Justiniano señaló que el objetivo es retornar a los niveles establecidos por la ley, mediante un esfuerzo coordinado con los productores legales de coca, quienes, según dijo, pueden convertirse en aliados para enfrentar de mejor manera al narcotráfico.
“Esperamos que la erradicación se consolide en el Trópico para que busquemos el equilibrio que debemos tener los bolivianos en el control de la hoja de coca, de modo que la producción legal persista y la ilegal sea destruida, evitando así problemas vinculados al narcotráfico”, manifestó.
La autoridad también indicó que se hará uso de monitoreo satelital, drones y sistemas digitales de control de cultivos, herramientas que permitirán mayor precisión, transparencia y seguimiento territorial.
Asimismo, remarcó que los productores legales de coca son aliados del Estado en la lucha contra el narcotráfico y contra la producción ilegal.
“Nuestra política pública distingue con claridad entre la hoja de coca en su estado natural y de uso tradicional, que forma parte de nuestra cultura y economía legal, y el excedente que termina alimentando economías ilícitas y redes del narcotráfico”, manifestó.
