El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público lanzaron este martes la herramienta digital ROMA-ARGO, que permitirá el control geolocalizado y biométrico de imputados que cumplen medidas cautelares personales, como la detención domiciliaria, mediante un teléfono celular.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, informó que los jueces podrán aplicar el sistema desde ahora mediante un instructivo que será aprobado en sala plena, en el marco del convenio de coordinación suscrito con la Fiscalía. Según explicó, la herramienta busca contribuir al descongestionamiento de las cárceles y evitar el uso excesivo de la detención preventiva.
“Los jueces van a poder aplicar desde hoy, a través de un instructivo que vamos a sacar como sala plena, en virtud al convenio que hemos suscrito para que los jueces empiecen a descongestionar las cárceles del país y la detención preventiva deje de ser un mecanismo de extorsión”, afirmó Saucedo.
El sistema permitirá un control permanente durante las 24 horas del día, delimitando un perímetro autorizado para la persona imputada y aplicando verificaciones aleatorias mediante reconocimiento facial para confirmar su identidad en tiempo real.
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Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, explicó que la herramienta forma parte del ecosistema digital ROMA, por lo que la información de los imputados estará centralizada en una sola plataforma, lo que facilitará la trazabilidad de los casos y reforzará la transparencia del proceso. En caso de que el imputado vulnere las medidas cautelares, el sistema enviará alertas inmediatas.
A su turno, el magistrado Carlos Ortega, presidente de la Sala Penal del TSJ, calificó la implementación como un hito en la administración de la justicia penal, ya que permitirá fortalecer el control de las medidas cautelares, contribuir al descongestionamiento de los centros penitenciarios y aplicar la detención preventiva de manera excepcional.
Desde el TSJ también se destacó que el sistema aliviará la carga de la Policía Boliviana, que hasta ahora debía destinar efectivos para custodiar a personas con detención domiciliaria, lo que permitirá optimizar recursos y reforzar las tareas de seguridad ciudadana.
