La diputada oficialista Claudia Bilbao cuestionó al Consejo de la Magistratura por rechazar su proyecto de ley que propone transferir Derechos Reales al Órgano Ejecutivo, y sostuvo que la reacción responde a la afectación de intereses internos.
La legisladora señaló que Derechos Reales, encargado de resguardar la propiedad de bienes inmuebles en el país, atraviesa una crisis marcada por denuncias de despojos, falsificación de documentos y presunta corrupción en procesos judiciales, lo que ha motivado pedidos ciudadanos para cambiar su administración.
Claudio Bilbao
La semana pasada, el Pleno del Consejo de la Magistratura rechazó la iniciativa, argumentando que el traspaso podría poner en riesgo la seguridad jurídica. Frente a ello, Bilbao afirmó: “Los magistrados recién se pronuncian cuando ven que sus intereses están siendo amenazados. Estos magistrados ya están un año y medio y no han cambiado nada en el tema de la justicia; nos han metido en problemas más serios. Hoy contestan porque estamos tocando sus bolsillos y sus intereses”.
También denunció falta de transparencia por parte de la institución. “Varias veces hemos pedido información sobre Derechos Reales y no nos han respondido. Ahora que ven amenazados sus intereses, recién salen a oponerse”, sostuvo.
Derechos reales
En su evaluación, la situación en esa entidad es crítica. “Derechos Reales se ha convertido en algo peor que el exFondo Indígena; es un robo diario. Hoy veo personas llorando en mi oficina… les están quitando casas a las personas de la tercera edad. Al que más plata le da, a ese le dan el derecho propietario”, afirmó.
Bilbao aclaró que su propuesta no busca afectar los ingresos del Consejo de la Magistratura, sino modificar la administración para frenar hechos irregulares. En ese marco, denunció presuntos cobros ilegales para acceder a cargos. “Hay denuncias de que piden más de 200 mil dólares para ser jefe en Derechos Reales… esta corrupción ya no puede seguir”, indicó.
Finalmente, insistió en que el Gobierno debe asumir el control de la entidad bajo un nuevo modelo institucional. “Buscaremos cómo va a ser, como descentralizada, como la ASFI, pero el Gobierno tiene que hacerse cargo de la propiedad privada y la propiedad pública”, concluyó.
