La bancada de la alianza Libre rechazó la propuesta de transferir Derechos Reales al control del Ejecutivo y planteó, en cambio, que esta instancia pase a depender del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al advertir riesgos para la independencia institucional y la seguridad jurídica en el registro de bienes.
La senadora Elena Pachacute sostuvo que no es la primera vez que se intenta modificar la dependencia de Derechos Reales y recordó que durante el gobierno de Evo Morales ya se buscó trasladar esta oficina al nivel central. “La intención era controlar la propiedad privada de cada boliviano”, afirmó a Fides.
En la misma línea, cuestionó que la administración continúe bajo el Consejo de la Magistratura, al considerar que no ha demostrado capacidad de modernización ni voluntad de actualizar una normativa que, según dijo, tiene más de un siglo de antigüedad.
Por ello, planteó que Derechos Reales pase a la tuición del TSJ, a través de una instancia especializada, como alternativa “más equilibrada” frente al esquema actual.
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Pachacute también observó deficiencias en la atención al usuario, señalando que trámites como el folio real obligan a las familias a realizar múltiples gestiones sin resultados eficientes. “Hay que ser sumamente cuidadosos con cualquier reforma”, remarcó.
Por su parte, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, aseguró que, debido a los niveles de corrupción existentes, Derechos Reales terminará pasando al control del Gobierno.
La legisladora denunció presuntos cobros irregulares de más de 200.000 dólares para acceder a cargos jerárquicos en oficinas de El Alto y provincias.
“Esta corrupción no puede seguir. El Gobierno tiene que hacerse cargo de Derechos Reales, ya sea bajo una figura descentralizada, pero debe asumir control de la propiedad privada y pública”, afirmó.
El sábado, el Consejo de la Magistratura expresó su rechazo al proyecto de ley que plantea transferir el Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo, específicamente al Ministerio de la Presidencia, y advirtió riesgos para la seguridad jurídica y la propiedad privada.
En un pronunciamiento emitido desde Sucre, la sala plena sostuvo que la iniciativa vulnera la independencia de órganos del Estado. “La transferencia del Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo compromete la seguridad jurídica, debilita la confianza en el sistema de propiedad y expone a los ciudadanos a posibles injerencias políticas”, señaló el documento.
