El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, detalló este martes el ambicioso Decreto Supremo 5595 que orientada a transformar la estructura del Estado, reducir la burocracia y sentar las bases para la reactivación económica, en el marco de la política gubernamental denominada “Tranca cero”.
La autoridad explicó que esta iniciativa no se limita a la simplificación de trámites, sino que forma parte de un decreto más amplio que busca trasformar y modernizar el Estado a través de cuatro pilares: eficiencia en la gestión pública, transparencia, rendición de cuentas y orientación a resultados.
“Dentro de ese marco se establece que tenemos un Estado tranca, que parece más un laberinto que cualquier otra cosa y que abusa del tiempo, del bolsillo de los emprendedores”, indicó a la Razón Streaming.
Uno de los ejes centrales de la propuesta, según dijo, es la reducción al máximo todos los trámites redundantes y normas que obstaculizan la actividad económica. Para ello, el Gobierno dispuso que todas las entidades del Órgano Ejecutivo remitan un inventario completo de sus procedimientos administrativos en un plazo de 30 días.
Mencionó que con esta información se elaborará un catálogo único de trámites; cualquier requisito que no esté incluido será considerado inválido. “Ese catálogo lo vamos ir achicando cada vez más con una plataforma digital donde el ciudadano va a poder reportar su tranca. Yo reporto un trámite que no está en el catálogo y debe eliminarse eso”, indicó.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa una profunda transformación digital del Estado. En coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información (AGETIC), se prevé la expansión de la ciudadanía digital, con la meta de alcanzar a dos millones de bolivianos hasta finales de este año.
Esta herramienta permitirá a los usuarios gestionar trámites, acceder a servicios públicos e incluso realizar gestiones educativas desde sus dispositivos móviles.
Lupo enfatizó que la digitalización también busca reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos, estableciendo plazos automáticos y sistemas de seguimiento que permitan transparentar los procesos. “El funcionario dejará de decidir cuándo atender un trámite; será la tecnología la que establezca tiempos y procedimientos”, afirmó.
El ministro también cuestionó prácticas administrativas tradicionales, como la exigencia reiterada de documentos físicos en distintas instituciones y señaló que estas duplicidades reflejan un sistema ineficiente. En ese marco, citó experiencias internacionales de desregulación que lograron eliminar miles de normas innecesarias en cortos periodos de tiempo.
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En el ámbito económico, Lupo anunció que el Gobierno trabaja en un paquete de leyes estructurales que incluirá normativas sobre hidrocarburos, minería, energía, inversiones y recursos evaporíticos. Estas iniciativas buscan generar un entorno de mayor seguridad jurídica para atraer inversiones y promover el crecimiento económico.
“El objetivo es claro: sin inversión no hay crecimiento, y sin seguridad jurídica no hay inversión”, sostuvo la autoridad, al subrayar que estas reformas serán socializadas con la Asamblea Legislativa, sectores empresariales, gremiales y sociales antes de su tratamiento formal.
En relación con la situación fiscal, el ministro advirtió que el país enfrenta un déficit superior al 12%, atribuido principalmente al subsidio a los carburantes, el funcionamiento de empresas públicas y el elevado gasto corriente. Ante este escenario, el Ejecutivo implementará medidas de austeridad para reducir el déficit y garantizar la estabilidad macroeconómica.
Lupo señaló que estas reformas forman parte de una visión más amplia de modernización del Estado, que incluye el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la consolidación de un modelo de desarrollo con mayor protagonismo de las regiones.
