El Gobierno identificó garajes en Iquique y Arica como puntos clave en la adulteración de combustible que luego era comercializado en Bolivia. Según el informe oficial, en estos lugares se extraían volúmenes de entre 700 y 1.000 litros de las cisternas y se reponía el faltante con mezclas de agua y aceite.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, aseguró que estas operaciones formarían parte de una estructura delictiva vinculada a Marcelo Arce Mosqueira, quien habría tenido un rol dentro de este esquema de importación irregular y comercialización ilícita.
Marcelo Arce
De acuerdo con la autoridad, esta red modificó su forma de operar tras la eliminación de la subvención a los hidrocarburos en diciembre de 2025, cuando se redujo el contrabando hacia Perú. A partir de entonces, el foco habría pasado a la distribución de carburante contaminado como principal fuente de ingresos.
Las investigaciones, iniciadas en octubre de 2025, concluyeron una primera fase en marzo de este año. Los resultados fueron presentados por el presidente Rodrigo Paz junto a su gabinete, y compartidos con el gobierno de José Antonio Kast para coordinar acciones conjuntas.
‘Red delincuencial’
En territorio boliviano, las pesquisas se concentran ahora en determinar cómo el combustible adulterado logró superar los controles y llegar a instalaciones estratégicas como la Planta de Senkata y la Planta de Palmasola.
El caso también involucra a la empresa Botrading, subsidiaria de YPFB en Paraguay, que administró importantes recursos económicos destinados a la comercialización internacional de carburantes y que ahora están bajo revisión.
Paredes añadió que la organización operaba desde hace años y tenía conexiones en zonas fronterizas con Argentina y Paraguay, lo que ampliaba su alcance regional.
Combustible
Actualmente, Marcelo Arce Mosqueira guarda detención en el penal de Palmasola por un proceso por legitimación de ganancias ilícitas. En este mismo caso también están bajo investigación el expresidente Luis Arce y otros miembros de su familia.
Tras reconocer en febrero la circulación de combustible “desestabilizado”, el Ejecutivo implementó medidas de compensación y reforzó los controles para evitar la continuidad de estas prácticas ilegales.
