El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó este lunes que el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5600 que anula 161 normas del mismo rango, mediante las cuales, según dijo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) realizaba contrataciones directas en el Estado.
En conferencia de prensa, Lupo indicó que la administración de Rodrigo Paz prevé transparentar las contrataciones.
Explicó que con este decreto se cierra un mecanismo que durante años permitió adjudicar contratos millonarios sin licitación, sin competencia y sin control efectivo.
“Fueron 161 decretos por más de 96 millones de dólares (…) decretos que están vigentes y que podían ser utilizados en todo momento para poder dar adjudicaciones sin licitación a quien se le ocurra a la autoridad de turno”, dijo Lupo.
“Era un gran sistema de corrupción instituido en el país por casi 20 años”, acotó el ministro.
Lamentó que hubo hospitales, empresas y otras entidades que no funcionaban. “No son errores son decisiones que afectaron a la gente”.
El Decreto 5600 establece que todas las compras públicas deberán realizarse mediante procesos competitivos y transparentes, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
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El presidente Rodrigo Paz remarcó que la contratación directa se volvió en algunos casos una “corrupción directa” y denunció el mal uso de millones de recursos durante los años de “gobierno del MAS”.
“En el gobierno central hay ejemplos interminables, el requisito para que te den un contrato millonario sin control era ser amigo, pariente o del ministro y tenías tu contratación directa para hacer infraestructuras multimillonarias”, denunció Paz en conferencia de prensa.
La nueva norma abroga y deroga todas las disposiciones que autorizaban este tipo de contrataciones como excepción del sistema regular.
Además, establece que, a partir de ahora, todas las compras públicas deberán realizarse mediante procesos competitivos y transparentes, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Asimismo, instruye a todos los ministerios a realizar un relevamiento exhaustivo de las contrataciones directas realizadas en años anteriores, con el objetivo de identificar posibles irregularidades o hechos de corrupción.
Este proceso será reglamentado en un plazo de 30 días por los ministerios de la Presidencia y de Economía.
