La Comisión Especial de Investigación sobre la mala calidad de la gasolina en la Cámara de Senadores inició este martes sus labores y fijó un plazo de hasta tres meses para la presentación de un informe final que establecerá resultados, posibles sanciones y propuestas.
La instancia ya definió su hoja de ruta y eligió por unanimidad a su directiva, encabezada por el senador Branko Marinkovic (de Libre). La senadora Teresa Alarcón es vicepresidenta; Claudia Mallón, primera secretaria; y Rosalva Romero, segunda secretaria.
La comisión investigará el origen de la presunta contaminación del combustible, su recorrido (desde la importación hasta la distribución) y las responsabilidades en los ámbitos administrativo, civil y penal.
El trabajo se organizará en tres ejes: técnico, para determinar qué ocurrió; administrativo, para identificar quién lo permitió; y de responsabilidad, para establecer quién debe responder por los daños a vehículos reportados a nivel nacional.
En marzo, el Senado conformó una comisión especial para investigar todos los aspectos relacionados con la gasolina desestabilizada denunciada por el sector del autotransporte público.
El objetivo es desarrollar una investigación profunda sobre los hechos vinculados a la calidad del combustible, así como evaluar la situación actual del abastecimiento en el país.
La decisión coincidió, entonces, con una jornada de bloqueos protagonizados por transportistas, quienes instalaron cerca de 60 puntos de cierre de vías en las ciudades de La Paz y El Alto, en demanda de soluciones frente a los problemas derivados del suministro y la calidad de la gasolina.
En ese marco, la comisión también convocará a autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Hidrocarburos, especialistas, sectores afectados y actores privados.
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En las últimas semanas, el país ha registrado puntos de bloqueo y distintas medidas de protesta en demanda de soluciones a los daños provocados por la gasolina contaminada a nivel nacional.
Varios sectores sociales, como la Central Obrera Boliviana (COB), mineros y transportistas han advertido al Gobierno con masificar las medidas en caso de que la administración de Rodrigo Paz no cumpla con sus requerimientos. Hasta febrero, YPFB registró 2.000 vehículos dañados.
