El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó este lunes que su despacho reducirá su funcionalidad y reducirá el personal debido al recorte del presupuesto.
«Vamos a tener que reducir la cantidad de personal», alertó.
Además, aseguró que es un riesgo institucional, ya que es una institución nacional de Derechos Humanos, otorgado por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas.
“Estaría colocando al Estado boliviano en riesgo reputacional en termas de Derechos Humanos”, lamentó. Callisaya indicó que el presupuesto reducirá en unos Bs 8 millones.
Hace meses, más de 60 organizaciones denunciaron que el Ministerio de Economía pretendía “reducir significativamente el presupuesto de la Defensoría del Pueblo (30 % de la masa salarial y 10 % de los gastos corrientes)”.
Las instituciones que firman el documento llamaron la atención sobre el gran impacto que esta reducción tendría en la capacidad operativa de esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En marzo, Callisaya ya había advertido en Ginebra que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en las Américas enfrentan ataques a su independencia y recortes presupuestarios que ponen en riesgo su funcionamiento.
Señaló que este escenario se agrava en un contexto de polarización política, crisis migratoria y presiones económicas. “Las restricciones presupuestarias y las presiones institucionales están comprometiendo la capacidad operativa de las INDH”, afirmó.
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Callisaya explicó que este escenario se agrava por el debilitamiento democrático en varios países, el descrédito de las instituciones y la demanda de respuestas inmediatas que, en algunos casos, derivan en vulneraciones de derechos humanos.
Pese a ese panorama, destacó que la región mantiene importantes avances institucionales, con 17 INDH, de las cuales 16 cuentan con estatus “A”, el más alto reconocimiento internacional conforme a los Principios de París, lo que refleja su legitimidad y capacidad de incidencia.
