El expresidente Evo Morales arremetió este lunes contra la Ley 157, promulgada por el presidente Rodrigo Paz, y consideró que la norma favorece a grandes propietarios de tierras y vulnera principios establecidos en la Constitución.
El exmandatario, a través de sus redes sociales, afirmó que la legislación, que permite la conversión de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, responde a intereses vinculados al actual senador de Libre Branko Marinkovic, a quien señaló como uno de los principales impulsores de la norma.
También, citó denuncias de la Fundación Tierra, que cuestiona la adjudicación de extensas superficies de tierras en Santa Cruz y advierte que estas superarían los límites establecidos para evitar el latifundio.
El domingo, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, aseguró que la Ley 157 no afecta a las tierras comunitarias y sostuvo que las críticas en torno a la norma responden a procesos de desinformación que han distorsionado su verdadero alcance.
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Añadió que el sector productivo, principalmente los pequeños productores —agrícolas, ganaderos, porcinos, avícolas, lecheros y hortícolas—, viene realizando este pedido desde hace más de 15 años.
Enfatizó que la Ley 157 está dirigida exclusivamente a la propiedad privada y no alcanza a las tierras comunitarias de origen, que cuentan con un tratamiento distinto en la Constitución Política del Estado.
Por su parte, Morales insistió en que la norma pone en riesgo a pequeños propietarios, al permitir que sus tierras puedan ser utilizadas como garantía en operaciones financieras. En su criterio, esto podría derivar en la pérdida de dichos predios.
Asimismo, argumentó que la ley contradice disposiciones constitucionales que establecen la inembargabilidad de la pequeña propiedad y advirtió que su aplicación podría modificar las condiciones bajo las cuales los campesinos mantienen sus tierras.
Las declaraciones del exjefe de Estado se suman a la discusión sobre el alcance de la Ley 157, en medio de posiciones encontradas sobre sus efectos en el sector agrario y la estructura de la propiedad de la tierra en el país.
