La bancada de Alianza Popular (AP) presentó este jueves un proyecto de ley para abrogar la Ley 1720 de reconversión de la pequeña propiedad agraria, en respuesta a las demandas de organizaciones sociales y campesinas que avanzan en una marcha hacia la ciudad de La Paz.
La diputada Claudia Herbas explicó que la propuesta plantea la anulación total de la norma para responder a las demandas de los sectores movilizados. Señaló que la iniciativa busca abrir un debate sobre el desarrollo rural con la participación de todos los actores involucrados.
Lea también: Marcha campesina de Pando contra la Ley 1720 ingresa a La Paz
Por su parte, su colega Juan Carlos Poma expresó el respaldo de su bancada a los manifestantes y afirmó que la iniciativa responde a las preocupaciones de comunidades que se consideran afectadas por la ley. También pidió al presidente Rodrigo Paz atender la demanda y considerar la abrogación de la norma.
Herbas aclaró que el objetivo es iniciar un nuevo proceso que incluya una consulta previa, libre e informada, con el objetivo de evitar perjuicios a distintos sectores y construir una normativa consensuada.
“Queremos solidarizarnos con nuestros hermanos del oriente, quienes están arribando a la ciudad de La Paz con una marcha justa. (…) Como Bancada de Alianza Popular vamos a ser claros y firmes para buscar la mejor solución y la unidad de nuestros hermanos campesinos; vamos a pedir que pueda tomar conciencia nuestro hermano presidente Rodrigo Paz y, al mismo tiempo, pueda abrogar este proyecto de ley”, dijo Poma.
Hace 15 días, una columna de campesinos partió desde Pando con destino a la ciudad de La Paz con el objetivo de que el Gobierno abrogue la ley. El pliego también incluye el rechazo a iniciativas relacionadas con financiamiento y restricciones a la protesta, además de la exigencia de garantías para el ejercicio pleno de sus derechos.
Los movilizados advirtieron que la ley podría afectar la integridad de los territorios comunitarios de origen (TCO) y favorecer la concentración de tierras en manos de grandes propietarios.
Desde el Ejecutivo, los viceministros Karel Rivero y Hormando Vaca Díez cuestionaron el miércoles la movilización y la vincularon con intereses políticos, además de señalar una supuesta financiación externa. Ambas autoridades pidieron retomar el diálogo y evitar una escalada del conflicto.
