Campesinos, maestros, transportistas y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsan medidas de protesta para exigir al Gobierno soluciones a sus demandas. Cada sector tiene distintas peticiones para el Ejecutivo.
Entretanto, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz no ha logrado reducir las tensiones y todos sus intentos resultaron parciales o sin efecto.
El 8 de abril, campesinos de Pando y Beni empezaron su caminata hacia la sede de Gobierno para pedir la abrogación de la Ley 1720, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión voluntaria de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana.
En respuesta, el Gobierno entabló conversaciones en Rurrenabaque, Collana, Quiquibey y Caranavi. No obstante, ninguna tuvo resultados. Incluso, en el último encuentro, el dirigente campesino Yeri Galindo lamentó que no se establecieron alternativas ni soluciones al pedido sobre la Ley, aunque sí se registraron avances en el debate sobre la titulación de tierras en Pando y Beni.
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El magisterio urbano, por su parte, se trasladó el martes hasta el municipio de Calamarca para dirigirse a la sede de Gobierno, en demanda de un incremento salarial y otras reivindicaciones laborales.
La caravana avanzará hasta llegar a la ciudad de La Paz, donde prevé sumarse al cabildo convocado el 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador.
Al respecto, la ministra de Educación, Elena García, descartó la posibilidad de atender la demanda salarial del sector en el contexto actual, en el que el país atraviesa una crisis económica.
A eso se suma la Central Obrera Boliviana (COB), que presentó un pliego petitorio de 211 puntos, con mayor énfasis en el incremento salarial del 20%. El Gobierno, en una primera instancia, negó la solicitud con el argumento de que no tiene recursos e invitó al ente matriz a un diálogo tripartito.
Sin embargo, la COB ratificó que no asistirá y dejó en manos del cabildo convocado para el 1 de mayo las decisiones sobre posibles encuentros o medidas que se proyectarán la siguiente semana.
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El secretario ejecutivo, Mario Argollo, llegó al municipio de Vilaque, en la ruta La Paz–Oruro, para respaldar la marcha del magisterio. Por ello, se prevé que la movilización se masifique hasta el viernes.
Entretanto, el sector del transporte también representa un problema para el Gobierno. La Confederación Nacional de Choferes confirmó un paro de 24 horas con movilizaciones para el 5 de mayo, medida que podría intensificarse y convertirse en un «paro escalonado» si el Gobierno no atiende sus demandas, entre ellas soluciones al desabastecimiento de carburantes y resarcimiento a los vehículos dañados por gasolina contaminada.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó que el 8 de mayo se realizará la cumbre del transporte en la ciudad de La Paz para escuchar propuestas del sector y analizar el Plan Nacional de Carreteras y la modernización de peajes.
Paz y su gabinete tienen el desafío de entablar conversaciones con los sectores disconformes y evitar que las medidas de protesta sean cada vez más incidentes en la cotidianidad de la ciudadanía.
El mandatario asumió la conducción de un país con muchas limitaciones estructurales, marcado por la falta de diversificación económica. Bolivia dependía en gran medida del gas natural, recurso que empezó a declinar desde 2015, lo cual redujo su margen de maniobra fiscal y productiva.
