El vicepresidente Edmand Lara cuestionó al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, por la suspensión de la interpelación prevista en la Asamblea Legislativa y denunció un intento de frenar ese proceso mediante “chicanas”.
La sesión fue suspendida luego de que una sala constitucional admitiera una acción presentada por la autoridad del Ejecutivo, lo que generó críticas desde el Legislativo.
“Lamento que la justicia, las salas constitucionales, estén siendo utilizadas para frenar interpelaciones que son atribuciones de un legislador”, afirmó Lara.
Edmad Lara
El presidente nato de la Asamblea Legislativa sostuvo que la interpelación es un mecanismo legítimo de fiscalización y rechazó que instancias judiciales intervengan en ese procedimiento.
“No puede ser que dos jueces de una sala constitucional nos digan qué es lo que tenemos que hacer”, manifestó, aunque aclaró que respeta las decisiones en el marco de la normativa vigente.
Lara también señaló contradicciones en la actuación del ministro, al indicar que primero solicitó la reprogramación de la interpelación y posteriormente acudió a la vía constitucional.
“Primero presenta una solicitud de reprogramación y a los días acude a una sala constitucional, indicando que estamos vulnerando su derecho a la defensa”, cuestionó.
Interpelación
En esa línea, afirmó que la interpretación del reglamento legislativo por parte de la autoridad es errónea y defendió la posibilidad de convocar directamente a una interpelación sin pasos previos.
“Se puede dar de manera directa la interpelación. No es necesario agotar otras instancias”, remarcó.
Lara advirtió que este tipo de acciones podría sentar un precedente que limite las facultades de control del Legislativo sobre el Ejecutivo.
Asimismo, instó al ministro a presentarse ante la Asamblea y responder sobre temas sensibles, como la distribución de combustibles.
Ministro
“Si no tiene nada que ver con la gasolina de mala calidad, debería acudir a dar la cara ante la Asamblea”, sostuvo.
Finalmente, Lara expresó su preocupación por lo que considera un uso indebido de recursos legales para evitar la fiscalización parlamentaria.
“Me preocupa y reprocho categóricamente que tengan que acudir a la justicia para tratar de frenar interpelaciones”, concluyó.
