La denuncia del diputado Manolo Rojas (PDC) contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, abrió un nuevo frente de confrontación política y sindical.
Rojas aseguró que el dirigente recibe un salario superior a los Bs 35.000, incluyendo un bono de discapacidad, y anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público.
En declaraciones al programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Rojas cuestionó la supuesta falta de transparencia de Argollo.
“Lo veo muy sano, muy saludable, y esperemos que ante el Ministerio Público pueda explicar cuál es esa discapacidad que él tiene. Está cobrando del Estado un dinero que a mi criterio no debería corresponder”, afirmó.
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El diputado sostuvo que, según sus análisis, el dirigente sindical percibiría alrededor de Bs 32.000 mensuales por salario, más bono de discapacidad y viáticos.
“No puede ser que mientras las bases estén sufriendo, el dirigente Argollo esté muy bien”, remarcó Rojas.
La respuesta de Mario Argollo fue inmediata y contundente. En contacto con el programa, calificó las acusaciones como “mentiras y barbaridades” y negó recibir cualquier renta por invalidez. “El salario que percibo es de Bs 15.000, y con descuentos llega a Bs 12.000. Lo demás es totalmente falso”, aseguró.
Argollo insistió en que el Gobierno central tiene acceso a la información de la Gestora Pública y del seguro social, donde se registran las rentas por invalidez de algunos trabajadores, pero aclaró que él no figura en esos beneficios.
“Yo quisiera tenerlo frente a frente y que me demuestre con documentos, con papeletas de pago, si percibo una renta”, desafió.
Ante la consulta sobre la denuncia que Rojas anunció presentar ante la Fiscalía, Argollo respondió que enfrentará el proceso con tranquilidad. “Nunca he estado involucrado en actos ilícitos y mucho menos lo voy a hacer en la dirigencia de la COB. Voy a demostrar con documentación cuánto gano y que no percibo ninguna renta por invalidez”, dijo.
El sindicalista también cuestionó la labor parlamentaria de Rojas, a quien acusó de ausentarse cuando se trata de legislar en favor del pueblo. “Las mentiras tienen patas cortas”, concluyó, reafirmando que la acusación carece de sustento y que su compromiso es con los trabajadores y la defensa de sus derechos.
El caso expone un choque directo entre versión política y respuesta sindical, trasladando el debate desde una presunta irregularidad económica hacia una disputa de credibilidad pública, en un contexto marcado por la conflictividad social y las movilizaciones de la COB.
