Las máximas autoridades del Órgano Judicial del Estado enviaron una nota formal al presidente Rodrigo Paz en la que demandan la implementación inmediata de un sistema integral de seguridad para magistrados, consejeros y sus familias, en un plazo “no mayor a 72 horas”.
El pronunciamiento viene desde la Sala Plena Ampliada del sistema judicial, que incluye al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. En el documento, las autoridades judiciales “expresan su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que ejercen funciones y advierten sobre la falta de mecanismos permanentes y eficaces de protección”.
La exigencia institucional se produce tras el asesinato reciente de un magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, hecho que evidenció “un estado de desprotección alarmante dentro del sistema judicial”.
Las autoridades consideran que este contexto pone en riesgo la vida e integridad de quienes administran justicia en el país.
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Entre las medidas solicitadas figura la implementación inmediata de un sistema permanente de seguridad, la asignación de escoltas personales, vehículos de resguardo y protocolos de reacción ante amenazas. También piden que estas garantías se extiendan a los núcleos familiares de todas las altas autoridades judiciales.
El documento plantea además la coordinación directa con el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y otras instancias especializadas en seguridad, con el objetivo de asegurar la ejecución efectiva de estas medidas en todo el territorio nacional. A esto se suma la solicitud de una disposición expresa del Órgano Ejecutivo que reconozca el nivel de riesgo institucional.
Las autoridades judiciales advierten que cualquier omisión o demora en la atención de esta demanda se interpretará como un incumplimiento grave del deber constitucional de garantizar el funcionamiento independiente y seguro de uno de los órganos fundamentales del Estado.
Las autoridades ratifican que la independencia judicial no puede sostenerse sin condiciones mínimas de seguridad y protección, y alertan que Bolivia no debe permitir que la administración de justicia opere bajo amenazas.
