Para el investigador Roger Cortez, Bolivia atraviesa un escenario marcado por una crisis estructural del Gobierno, una escalada de la conflictividad y una recomposición política sin anclaje partidario sólido.
Cortez observa que la gestión se muestra debilitada por decisiones vacilantes y sin norte estratégico, lo que ha obligado al Ejecutivo a retroceder en medidas que inicialmente calificó de irrevocables.
A ello se suma la ausencia de una bancada cohesionada, pues el presidente llegó acompañado apenas de parlamentarios afines inscritos en un “partido de papel”, lo que limita la gobernabilidad.
El analista cuestiona además la influencia de asesores externos como Fernando Cerimedo, a quien describe como un “gurú electoral” con poder de decisión ajeno a la estructura democrática del país. “Estos estrategas adquieren una dimensión enorme y complican aún más la gestión”, señaló.
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Otro componente crítico, según Cortez, es el avance de la violencia organizada. No se trata solo de crimen estructurado, sino de formas de violencia social vinculadas a disputas de tierras, ocupaciones ilegales y la conformación de milicias, incluso con uso de explosivos en conflictos recientes. “Lo seguimos introduciendo como un elemento cotidiano”, advirtió.
Respecto a la recomposición política, Cortez destacó el distanciamiento de líderes como Samuel Doria Medina, quien busca perfilarse con propuestas propias, lo que refleja el debilitamiento del Ejecutivo y la fragmentación de alianzas.
En el tema de tierras, el investigador considera que el tráfico se ha convertido en uno de los principales negocios del país, junto al oro y la cocaína, con conexiones entre colonizadores, agronegocio y grandes extensiones ocupadas.
Sobre la Ley 1720, alertó que podría profundizar las tensiones, dado el entusiasmo con que fue celebrada por sectores exportadores y agroindustriales.
Finalmente, Cortez rechazó la visión oficial que responsabiliza a las ONGs de financiar movilizaciones. Para él, estas organizaciones, junto con iglesias y universidades, han cumplido un papel clave en la representación política y deberían actuar frente a la ola de violencia, concluyó.
