El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió este martes que el Ministerio Público iniciará acciones penales contra las personas involucradas en hechos de violencia, daños a carreteras y bloqueos en distintos puntos del país.
La autoridad expresó su preocupación por la escalada de conflictos y señaló que las medidas de presión comenzaron a afectar derechos fundamentales de la población, principalmente la libre circulación y la seguridad ciudadana.
Bloqueos
“Con profunda preocupación, desde el Ministerio Público observamos que en los últimos días se han registrado una escala de bloqueos, hechos de violencia e incluso daños a las vías del transporte en distintos puntos del país”, afirmó Mariaca durante una conferencia de prensa.
El titular del Ministerio Público sostuvo que las personas que incurran en conductas delictivas durante las movilizaciones serán procesadas conforme a la normativa vigente. Además, aseguró que fiscales y policías ya trabajan en la identificación de autores materiales e intelectuales de los hechos violentos.
Violencia
Mariaca remarcó que la Fiscalía actuará para preservar el orden constitucional y garantizar el libre tránsito, en medio de las protestas instaladas por sectores sociales y organizaciones afines al evismo y la Centrasl Obrera Boliviana (COB).
Según la autoridad, existen investigaciones abiertas relacionadas con daños a bienes públicos, atentados contra servicios y hechos de violencia registrados en carreteras y zonas urbanas.
En paralelo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que algunas movilizaciones tendrían fines políticos y calificó ciertos hechos ocurridos en Río Seco, en El Alto, como actos vandálicos.
Acciones
“Eso no es protesta social, eso es vandalismo, eso es delincuencia pura y simple”, afirmó la autoridad, tras reportarse daños a vehículos, amenazas y enfrentamientos en la zona.
El Gobierno y la Fiscalía coincidieron en señalar que se priorizará el diálogo para evitar enfrentamientos entre bolivianos, aunque advirtieron que no se permitirá la vulneración de derechos ni ataques contra bienes públicos y privados.
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