El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) priorizará el análisis de los recursos constitucionales relacionados con los bloqueos registrados en el país y que actualmente son tramitados en distintas salas constitucionales departamentales.
La información fue confirmada por el decano del TCP, Edson Dávalos, quien señaló que las acciones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales, especialmente la libre circulación y el acceso a servicios básicos, recibirán tratamiento prioritario debido a la coyuntura que atraviesa Bolivia.
«Entonces nosotros, como ustedes sabrán, no podemos anticipar criterios sobre el fondo de la decisión porque vamos a resolver ello. Sin embargo, dada la situación especial que acontece, ello va a necesitar un análisis prioritario primordial debido a la naturaleza del conflicto que se está suscitando”, dijo, citado por Fides.
Según explicó el magistrado, varios recursos fueron presentados en diferentes departamentos contra las medidas de presión que mantienen aisladas rutas estratégicas y afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
Dávalos indicó que el TCP realizará seguimiento a esos procesos para garantizar que las decisiones constitucionales sean atendidas con celeridad y dentro del marco legal vigente.
Recordó que el derecho a la protesta está reconocido constitucionalmente, aunque remarcó que ese derecho no puede vulnerar otros derechos fundamentales de la población.
Las declaraciones se producen en medio de más de tres semanas de bloqueos y movilizaciones que afectan principalmente a La Paz y El Alto, donde persisten problemas de abastecimiento y restricciones en el tránsito vehicular.
En distintos departamentos, ciudadanos, sectores productivos e instituciones presentaron recursos constitucionales para exigir el levantamiento de los bloqueos y garantizar la circulación en carreteras nacionales.
El TCP señaló que las acciones constitucionales vinculadas al conflicto social serán evaluadas tomando en cuenta la protección integral de los derechos humanos y el equilibrio entre protesta social y garantías constitucionales.
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