El Gobierno descartó nuevamente aplicar un estado de excepción frente a los bloqueos y protestas que cumplen 25 días, principalmente en el occidente del país, y aseguró que insistirá en el diálogo con los sectores movilizados.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Ejecutivo busca evitar una mayor escalada de violencia y rechazó responder a las protestas con acciones represivas.
“En Bolivia, tradicionalmente los gobiernos han hecho uso del estado de sitio cuando había convulsiones sociales de esta naturaleza. Pero los bloqueos se alimentan de violencia”, señaló en una entrevista con el diario argentino Clarín.
Lupo reconoció que el Gobierno debió reaccionar antes frente al crecimiento de las movilizaciones y admitió que algunos sectores sociales que respaldaron electoralmente a Rodrigo Paz ahora sienten distancia con la actual administración.
Lupo indicó que existe la percepción de que el presidente concentró su gestión en regiones empresariales como Santa Cruz mientras sectores populares del occidente quedaron relegados.
El ministro sostuvo que los bloqueadores buscan provocar una respuesta violenta del Estado para profundizar el conflicto y generar más víctimas. “Era una provocación para entrar en una espiral de violencia”.
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En las últimas semanas, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en La Paz, donde sectores movilizados utilizaron petardos y dinamitas y las fuerzas del orden respondieron con gasificación para dispersar las protestas.
Lupo aseguró que el Ejecutivo enfrenta presión de sectores urbanos afectados por la falta de alimentos, medicamentos y combustible, pero insistió en que una respuesta represiva agravaría la crisis.
“La clase media nos dice: hagan algo, garantícennos medicinas y comida, y tienen razón. Pero no confundamos firmeza con torpeza”, declaró.
El conflicto comenzó el pasado 2 de mayo con el paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), que exigía incrementos salariales y otras demandas económicas. Aunque el Gobierno alcanzó acuerdos con algunos sectores, las protestas continuaron y actualmente piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El Ejecutivo intentó habilitar rutas mediante operativos denominados “corredores humanitarios”. El primero logró despejar temporalmente algunas vías en La Paz y El Alto, mientras el segundo, ejecutado el 23 de mayo, fracasó ante la resistencia de los bloqueadores.
