Ya es un lugar común sostener que la administración de justicia en el país requiere una reforma profunda e impostergable. Se trata de una asignatura pendiente del proceso de democratización y de refundación estatal. Así, es fundamental reconstituir el Órgano Judicial para asegurar su independencia. Y por supuesto que el cambio también debe llegar al Ministerio Público.
Como parte del camino de modernización institucional en los años 90 del siglo pasado, y del proceso de refundación del Estado en el marco de la nueva Constitución Política aprobada en referéndum en 2009, se impulsaron importantes reformas en el sistema judicial. No fueron suficientes. Cada día constatamos que el sistema, en lugar de brindar justicia, está al servicio del gobierno de turno, de poderes fácticos, de quienes pueden pagar. Es un sistema que, con excepciones, administra injusticia.
Más que reforma, en realidad se requiere una transformación estructural. Está comprobado que la elección popular de las altas autoridades jurisdiccionales no condujo a un mejor ejercicio de la función judicial. Es un asunto a debatir, pues implica modificar la Constitución. Claro que el problema no radica solamente en la forma de selección de las cabezas del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Agroambiental.
La cirugía mayor que requiere el sistema de administración de justicia en Bolivia pasa por un conjunto de cambios en el diseño institucional y en el marco constitucional y normativo, pero en especial en la cualidad y desempeño de sus principales operadores (magistrados, jueces, fiscales, abogados). Es imprescindible que la potestad de impartir justicia responda a los principios señalados en la Constitución: independencia, imparcialidad, probidad, celeridad, gratuidad, respeto a los derechos, entre otros.
El Ministerio de Justicia, a través de su titular Iván Lima, ha planteado diferentes iniciativas para encarar esta asignatura pendiente, como la aprobación de un paquete de leyes, la conformación de una comisión de expertos, la elección de nuevos consejeros de la Magistratura (incluido ultimátum para la renuncia de los actuales). Claro que la transformación estructural de la Justicia no puede ser obra exclusiva de una cartera del Estado: se requiere un amplio acuerdo nacional con participación ciudadana.
Estamos pues ante un enorme e impostergable desafío como país, que no será sencillo ni de corto plazo. La administración de justicia debe reformarse de manera sustantiva. Ello implica transformar las diferentes jurisdicciones (en especial la ordinaria), así como la justicia constitucional. Supone también reformar a fondo el Ministerio Público. Y es ineludible asumir plenamente el horizonte de pluralismo jurídico con interculturalidad. Sin justicia independiente, con equidad, no hay Estado de Derecho.
