El calendario ya corre: las próximas elecciones subnacionales serán cruciales para evaluar la renovación de las orientaciones del desarrollo municipal boliviano. Son el capítulo también largamente esperado después de la definición, a través de las urnas, de las autoridades nacionales. Se observan crecientes evidencias del agotamiento de un proceso que fue vital para el progreso institucional del país desde hace 20 años.
En una buena parte de los grandes municipios urbanos se viven movimientos políticos que dan señales de renovación de liderazgos e incluso de cambios en las fuerzas políticas que han gobernado desde hace más de un decenio. Este proceso se advierte en las troncales ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, en las que se puede esperar un cambio de autoridades municipales, sea por su retiro obligado por la normativa electoral, como es el caso de Luis Revilla o de Percy Fernández, o por un visible agotamiento político, como es el caso de José María Leyes en Cochabamba o de Soledad Chapetón en la ciudad de El Alto, cuando no es por la suma de ambos factores. Lo cierto es que en todas esas metrópolis se producirán disputadas contiendas electorales que podrían renovar totalmente a sus autoridades locales.
Este proceso se lleva a cabo, por otra parte, en medio de un contexto de evidentes y grandes desequilibrios en la gestión y el ordenamiento de estas grandes urbes, el deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos. Existen varios problemas sin resolver en temas álgidos como el tratamiento de la basura, la preservación del medioambiente, la informalidad callejera, el transporte público o la inseguridad. Algunos especialistas llaman la atención sobre la lamentable tendencia de la mayoría de estas gestiones salientes de privilegiar un modelo de ciudad basado en la especulación inmobiliaria en detrimento de los espacios públicos y un hábitat más amigable. La consecuencia es urbes cada vez más desordenadas, desiguales y en las que lo que prima es la rentabilidad de los constructores y promotores inmobiliarios. A esos problemas estructurales se agrega ahora la inevitable crisis de las finanzas locales en tiempos de reducción de las rentas gasíferas que le ha planteado no menores desafíos a las actuales gestiones y la falta de proyectos que impulsen la generación de recursos propios o la puesta en marcha de sistemas tributarios y de catastro modernos.
En síntesis, nos encontramos frente a varias señales que apuntan a la necesidad de una pronta reinvención del modelo de gestión urbana para enfrentar estos problemas y responder a las expectativas de ciudadanos cada vez más exigentes. Ojalá la próxima contienda electoral sirva para contribuir a esta tarea y no se limite a la polarización simplista que genera cansancio en el electorado. La oportunidad está abierta.
