El sector privado es uno de los actores centrales del desarrollo nacional que ha tenido que enfrentar, como todos, un contexto muy difícil debido a la larga paralización de la actividad durante los conflictos y la pandemia. Hay urgencia por un diálogo honesto y constructivo con las nuevas autoridades de gobierno sobre las condiciones y apoyos que requiere para su reactivación.
La discusión sobre una amplia agenda de trabajo conjunto entre el sector empresarial privado y el Gobierno nacional fue uno de los procesos que se frustró por la inestabilidad política y la ruptura institucional del año pasado. Pese a su lentitud y limitaciones, se estaba logrando identificar ámbitos en los que se perfilaba una mayor colaboración pública-privada para incentivar el crecimiento, la creación de empleos y una mayor formalización de la economía.
No hay que ocultar las obvias diferencias que existen entre una administración pública de izquierda y las representaciones del sector privado, natural y legítimamente favorables a una aproximación liberal en muchas cuestiones. Sin embargo, en el marco del respeto mutuo parecía posible diseñar muchas acciones que podían apoyar a los emprendedores en la creación de empleos de mejor calidad, de más ingresos y, en consecuencia, de más recaudaciones tributarias que podrían ser redistribuidas mediante políticas sociales.
Durante su larga gestión, el MAS ha demostrado bastante pragmatismo y ha insistido siempre en que el sector privado es un componente crucial de la economía y que su expansión es un objetivo deseable. Nadie gana nada con un sector privado debilitado y por tanto hay necesidad de reflexionar seriamente sobre las difíciles situaciones financieras que muchas empresas están enfrentando en un año para el olvido. Los funcionarios no deberían perder de vista tampoco que este sector es extremadamente heterogéneo y que los empleadores no son sinónimo de insensibles potentados con grandes recursos preocupados solo de explotar a los trabajadores. Esa es una caricatura irrealista y dañina.
Por su parte, los gremios empresariales tienen el reto de entender y adaptarse al cambio legítimo en las prioridades y las orientaciones de ciertas políticas públicas que implica el retorno del MAS al poder. Asumidas esas diferencias con realismo, el espacio de acuerdo podría ser grande si hay voluntad de escuchar al otro y de buscar soluciones imaginativas a las dificultades que están enfrentando todos.
En ese sentido, las recientes controversias sobre el futuro de FUNDEMPRESA, el pago del aguinaldo o la necesidad de apoyos, no solo financieros sino también regulatorios, para una reactivación de muchas actividades privadas podría transformarse más bien en una oportunidad para volver a encontrarse y colaborar por el bien de la nación.
