Se sabe que el desarrollo del sector energético será uno de los pilares del futuro crecimiento de la economía boliviana. La postergación de fundamentales proyectos para ampliar y diversificar estas actividades ha sido uno de los saldos negativos de la inestabilidad política del último año. Este tiempo puede ser una oportunidad para relanzarlos sobre bases firmes y renovadas.
Las autoridades de YPFB han informado hace unos días del hallazgo de una importante reserva hidrocarburífera en Chuquisaca, el pozo Boicobo Sur, que tendría un potencial de producción de un trillón de pies cúbicos (TCF) de gas natural. Hace algunas semanas, también se ha anunciado que hay interesantes perspectivas en otro pozo en el departamento de Santa Cruz, Yarará X-1, que aportaría con petróleo y gas a las reservas del país.
Estos anuncios son buenas noticias, en un momento en el que se registra un descenso de la producción de hidrocarburos y de las exportaciones de gas que está repercutiendo en la obtención de menores ingresos para la nación. No está de más recordar el carácter central que ha tenido el sector energético para el crecimiento económico y la estabilidad de las finanzas públicas de todas las administraciones en los últimos 15 años.
A fines del gobierno del expresidente Morales, el país estaba embarcado en una ambiciosa política de desarrollo del sector energético, no únicamente concentrado en la tradicional cadena de producción de gas y petróleo, sino también explorando nuevas perspectivas con el despliegue de la industria del litio, el incentivo a fuentes de energías renovables y la comercialización de electricidad en mercados externos. Por supuesto, esas perspectivas requerían de un enorme trabajo de mediano plazo que iba a exigir muchas habilidades políticas, profesionales y estratégicas en el Estado para garantizar inversiones públicas y sobre todo privadas, consolidar mercados, acceder a tecnología y construir las infraestructuras y capacidades humanas que sostengan a estas industrias.
Como muchos otros procesos, estos proyectos se paralizaron o incluso retrocedieron durante el periodo de inestabilidad y conflicto político que se inició a fines del año pasado. Se ha perdido tiempo valioso y posibilidades que serán difíciles de reimpulsar a corto plazo, como ha sucedido después de la abrogación de la normativa que sustentaba el acuerdo con empresas alemanas para aprovechar el litio en el salar de Uyuni.
La reactivación de YPFB y de las actividades de búsqueda de nuevas reservas es una señal positiva de reactivación, pero hay aún mucho más por concretar y hacer. Esperemos que el gobierno del presidente Luis Arce sea muy consciente de estas prioridades y les asigne los recursos, el tiempo y el esfuerzo que precisan. Hay indudablemente urgencia en retomar todos estos proyectos, pues en ellos se está jugando la perspectiva económica del país para los próximos 20 años.
