La celebración del alto número de mujeres electas en la Asamblea Legislativa (en especial senadoras), que es resultado de largas luchas por el ejercicio de derechos políticos, tropieza nuevamente con la muralla de la exclusión de género cuando se trata de órganos ejecutivos. Solo el 16% en promedio de mujeres postulan a estos cargos en los comicios subnacionales.
Bolivia es reconocida a nivel internacional por ser uno de los países más avanzados en la representación de mujeres candidatas y electas en los órganos legislativos. No ha sido fácil. Un primer paso, resistido por el sistema político, fue la llamada “Ley de Cuotas” en los años 90 del siglo pasado. Luego se conquistó la paridad, asumida en el principio constitucional de “equivalencia de condiciones”. Y fue necesario blindar en la normativa los criterios de paridad y alternancia entre mujeres y hombres.
De ese modo se garantiza, desde hace una década, que haya paridad de género en las candidaturas a cargos de representación, como en las pasadas elecciones de octubre en las diputaciones y senadurías. Se preserva también este mandato en el caso de la postulación de candidatas a asambleístas departamentales y concejalas municipales. El mecanismo, en general, funciona, aunque las organizaciones políticas encuentran atajos para vulnerar el principio en las listas que finalmente van a las urnas.
Pero la paridad de género, ya consolidada en los cargos de representación, está lejos de ser una práctica en los cargos para los órganos ejecutivos. Desde la transición a la democracia los binomios presidenciales son territorio casi exclusivo de candidatos hombres. Lo propio ocurre con la postulación de candidaturas a las alcaldías y las gobernaciones departamentales. Bastará decir que en los comicios subnacionales de 2015 no se eligió ninguna gobernadora y solo hubo 28 alcaldesas en 339 municipios.
Esta tendencia de exclusión de las mujeres se repite como ritual en las listas de candidaturas para los comicios 2021. Según datos oficiales, hay apenas 14% de candidatas mujeres a las alcaldías municipales. El porcentaje baja al 8% en el caso de las gobernaciones departamentales. Con esos datos se puede prever que el número de mujeres electas para estos cargos ejecutivos será nuevamente marginal. Se constata así una persistente e inaceptable desigualdad de género en las organizaciones políticas.
A fin de superar este déficit de democratización en el país, se requiere avanzar en una nueva generación de reformas normativas que garanticen mecanismos de paridad y alternancia en las candidaturas a todos los cargos ejecutivos. Nuevamente no será fácil, dadas las inercias del sistema político. Pero la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres no es solo obra de la legislación. Es fundamental que se asuma de manera plena en la cultura política en el horizonte de una democracia paritaria.
