La temida e inevitable segunda ola de contagios del COVID-19, que llegó al país con fuerza, pone en renovada agenda la pertinencia de realizar procesos electorales en medio de la pandemia. No es algo nuevo. Lo vivimos el año pasado en torno a los comicios generales, que se postergaron tres veces por la emergencia sanitaria (afán de prórroga incluido). El tema está en debate.
¿Las elecciones departamentales, regionales y subnacionales, convocadas por el TSE para el domingo 7 de marzo, debieran postergarse en atención al rebrote de contagios por coronavirus? Así planteada, la pregunta tiene carácter especulativo. Y es que cualquier consideración al respecto debe sujetarse a informes y datos: no a sensaciones, no a demandas políticas. La intensidad de la pandemia y el crecimiento del número de casos será una variable decisoria respecto a la temporalidad de la votación.
La experiencia de 2020 en varios países del mundo que tuvieron procesos electorales en un contexto de pandemia mostró dos cosas. La primera es que garantizar el derecho a elegir en democracia es perfectamente compatible con el cuidado del derecho a la vida. Se pueden, pues, realizar elecciones participativas en una situación de crisis sanitaria. La segunda cosa es que, como no estamos en tiempos normales, deben asegurarse condiciones y protocolos de bioseguridad, en especial para el día de sufragio.
¿Cómo estará la situación sanitaria a principios de marzo en Bolivia por efecto de la segunda ola de contagios del COVID-19? No lo sabemos de cierto. Habrá que esperar los reportes especializados. Es poco responsable por tanto adelantar criterio absoluto sobre si las elecciones deben realizarse o no en la fecha prevista. No olvidemos que el año pasado había quienes rechazaban totalmente la posibilidad de votar en octubre y pretendían bloquear los comicios “hasta que pase la pandemia” (sic).
En relación a la fecha de los comicios subnacionales es necesario considerar otras dos cuestiones. La primera es que, por tratarse de un proceso excepcional derivado de la normativa transitoria aprobada para el actual ciclo electoral en el país, cualquier cambio de fecha requiere una ley. Y mejor si es resultado de un acuerdo político amplio. Debe recordarse también que las actuales autoridades electas de las entidades territoriales autónomas cumplieron su mandato el año pasado y deben ser renovadas.
La segunda cuestión importante, en materia sanitaria, es que la movilización ciudadana durante la jornada electoral puede cuidarse con medidas de bioseguridad específicas, como se hizo en los comicios de octubre pasado. No ocurre necesariamente lo mismo con los centenares de filas que se registran todos los días en muchas partes, con abundante presencia de personas. Corresponde pues cuidar la salud ante el rebrote del coronavirus y, al mismo tiempo, preservar nuestro derecho a elegir en democracia.
