En las últimas semanas, la población boliviana, particularmente la que demanda servicios públicos de salud, ha vivido bajo la amenaza de nuevas movilizaciones y paros de las y los trabajadores del sector; la aprobación, ayer, de la Ley de Emergencia Sanitaria disipa por ahora gran parte de la amenaza, pero queda latente la intención de emplear el tema con fines políticos.
El lunes último, un acuerdo entre representantes del Gobierno y el Colegio Médico de Bolivia evitó que se produzca un paro nacional anunciado días antes; la protesta era en contra de tres puntos del entonces todavía proyecto de ley: la prohibición de paros y otras manifestaciones en épocas de emergencia sanitaria; la contratación de médicos graduados en el extranjero, entre otros; y la regulación de precios de medicamentos e insumos médicos.
Dicho acuerdo fue sin embargo desconocido por la dirigencia de los colegios médicos departamentales de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, que abandonaron la negociación antes de que termine, en tácito anuncio de que no depondrán su estado de emergencia, probablemente mientras siga produciendo rédito político para algunos dirigentes, como el candidato a alcalde de La Paz y Presidente del Colegio Médico paceño.
En Santa Cruz, uno de los departamentos más afectados por la pandemia, en especial su capital, los médicos pretenden realizar un paro de 48 horas la próxima semana, ya no contra la ley aprobada ayer, sino demandando una cuarentena rígida que reduzca la morbilidad que ha saturado los centros de salud y hospitales y la mortandad entre el personal de salud; las autoridades nacionales, departamentales y locales han rechazado insistentemente la sola posibilidad.
Las muchas carencias del personal médico, comenzando por salarios y condiciones de trabajo mínimamente dignas, hacen particularmente duro el oficio de la medicina, que sin embargo es recompensado por la gratitud de quienes reciben algún tratamiento médico exitoso, como en la mayoría de los casos. Asimismo, al menos en el caso de los médicos profesionales, está determinado por el Juramento Hipocrático, que implica no abandonar el trabajo cuando hay vidas en riesgo, como ahora.
En los hechos, la sola amenaza de suspender servicios de salud, cosa que ocurre únicamente en el sector público, pues clínicas y consultorios médicos privados nunca se suman, implica una vulneración al derecho humano a la salud al impedir que el Estado cumpla su obligación constitucional. Comparativamente, equivale a las amenazas del magisterio de no pasar clases o de los choferes de no transportar pasajeros.
El Estado se muestra claramente desbordado por las necesidades emergentes de la pandemia, no solo en el ámbito de la salud pública, sino también en el económico y social, lo cual justifica en parte las protestas de médicos y personal de salud, pero resulta inaceptable que se las use con fines demagógicos y particulares, que le quitan dignidad a la imagen que se tiene de esos profesionales.
